La señora Concepción Belmonte, o Conchita, como cariñosamente le llama el Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, al cual pertenece, buscó durante años a su hijo, Juan Antonio Olmeda Belmonte, quien desapareció el 26 de junio de 2016, en Zapopan.
La desaparición se convirtió en lo que las madres buscadoras denominan desapariciones de ‘larga data’, es decir, que ha transcurrido tanto tiempo, que difícilmente las autoridades realizan acciones para localizarles. Durante diez años, su familia vivió con dolor, incertidumbre y desesperación. La señora Conchita recorrió caminos, acudió a dependencias, mesas de trabajo, aportó datos para la investigación, pegó fichas, alzó la voz y buscó en numerosas fosas clandestinas a su hijo, sosteniendo durante años la esperanza de encontrarle.
El Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco dio a conocer con profunda indignación una situación muy dolorosa: Juan Antonio perdió la vida hace años y su cuerpo estuvo durante toda esa década de búsqueda dentro del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
Es muy difícil dimensionar el dolor de una madre que, durante diez años, estuvo en las búsquedas para finalmente enterarse de que el cuerpo de Juan Antonio estuvo casi desde su desaparición bajo resguardo del propio instituto forense. Lamentablemente la situación no es única; otras madres han enfrentado años de búsqueda, incertidumbre y movilización para enterarse de que su familiar desaparecido había permanecido durante largos periodos en resguardo de las autoridades.
En columna previa comenté que esa situación no es excepcional. María Guadalupe Alcalá, desaparecida en Tlajomulco en 2016, permaneció ocho años en el servicio forense antes de ser restituida a su familia en 2024. Jesús Alberto Olivares Rodríguez, desaparecido en 2017, fue localizado siete años después en instalaciones forenses, donde su cuerpo permanecía desde los primeros días de su desaparición. Joel Enrique Juárez González, desaparecido en 2015, estuvo casi nueve años bajo resguardo forense antes de ser entregado a sus familiares.
Recientemente se supo de la situación de Noé Martínez Bernal, quien desapareció en noviembre de 2018 en Colima y ese mismo mes su cuerpo fue localizado sin vida en Zapopan. A la familia se le notificó oficialmente el 14 de mayo de 2026, ocho años después; todo ese tiempo su cuerpo estuvo en el Servicio Médico Forense de Jalisco.
Si la desaparición de personas ya es un problema social grave, que mantiene a la entidad en el primer lugar nacional de desapariciones desde el 2018, el sufrimiento de las familias jaliscienses se prolonga por una falta de identificación oportuna de los cuerpos resguardados.
La tragedia de familias como la de la señora Concepción Belmonte muestra el dolor que puede provocar la negligencia de autoridades, ya sea por omisión, incapacidad técnica o falta de personal. La crisis de identificación forense es un componente clave en la crisis de desapariciones que se vive en el estado de Jalisco, que también es líder nacional en fosas clandestinas, muchas de ellas localizadas por los propios colectivos de búsqueda.
El sufrimiento de las familias se prolonga durante años por las omisiones institucionales.
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