Después de un año de los hallazgos en el predio Izaguirre, que pusieron a Jalisco en el escrutinio internacional ante la clara evidencia de reclutamiento forzado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación (11/2026) para señalar las omisiones cometidas por la Fiscalía del Estado de Jalisco y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
En síntesis, se señala que las autoridades de Jalisco incumplieron con el procesamiento técnico de las evidencias, no preservaron el lugar de los hechos, prendas u objetos localizados no fueron asegurados, existen deficiencias graves en la cadena de custodia, no se hizo el peritaje adecuado a los vehículos encontrados y hubo un retraso de alrededor de seis meses para la confronta genética de las muestras biológicas tomadas durante la inspección en el lugar (septiembre de 2024) con el banco de datos de familiares de personas desaparecidas. Esta confronta se realizó hasta marzo de 2025
La investigación se encuentra ahora en la Fiscalía General de la República, quien emitió un breve comunicado de avances (FGR 122/26), en el que reconoce que el predio era utilizado como centro de reclutamiento forzado, que efectivamente existe la presencia de fragmentos de restos óseos (que se negó en un inicio), que se ha avanzado en el procesamiento del sitio y que a la fecha hay 47 personas detenidas por los hechos vinculados al sitio.
El colectivo que realizó el hallazgo, Guerreros Buscadores de Jalisco, cuestionó con indignación que la narrativa expresada por la FGR reduzca lo ocurrido en el predio a un centro de adiestramiento. Como respuesta a los avances presentados por la Fiscalía General, expresaron su preocupación por el intento de minimizar lo sucedido en un lugar donde se produjo “violencia sistemática y privación de la vida a múltiples personas”. Refieren diversos testimonios que hablan de “ejecuciones sistemáticas y calcinación de restos humanos”.
Sobre el procesamiento del predio, el colectivo indicó en su comunicado que “se habla (por la FGR) de un 64.4 por ciento de avance en el procesamiento del lugar, pero es importante señalar que ese porcentaje corresponde únicamente al trabajo realizado en superficie. Desde julio pasado (2025), el procesamiento profundo del predio se detuvo, dejando pendientes áreas fundamentales para la verdad”.
Lo dicho por las autoridades federales (CNDH, FGR) en el 2026 validó lo expresado por las familias un año antes: no se procesó el predio de manera correcta, no se resguardaron pruebas, había indicios de restos óseos y desde la primera vista resaltaba la evidencia del sitio como centro de reclutamiento.
El breve informe de la FGR con avances de la investigación y la recomendación de la CNDH sobre la actuación de las autoridades de Jalisco casi pasaron inadvertidos. No se trató de indiferencia: la sociedad jalisciense intentaba recuperarse de los hechos de violencia que paralizaron la región el 22 de febrero del 2026 y los días subsecuentes, que obligaron al resguardo masivo de la ciudadanía, mientras el miedo y la incertidumbre fueron el centro de la atención pública.
A un año de Izaguirre, la exigencia es clara: conocer la verdad, sancionar a los responsables e implementar una estrategia integral contra el reclutamiento forzado para proteger a los jóvenes.
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