Luego de las denuncias de pobladores por la contaminación con lixiviados en el río Milpillas y las cascadas de Huaxtla, atribuida al Relleno Sanitario Picachos, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) visitó el sitio administrado por el Ayuntamiento de Zapopan, pero se limitó a imponer medidas “de urgente aplicación”.

Al frente de la Proepa se encuentra Iker Frangie Martínez Gallardo, hijo del alcalde de Zapopan, Juan José Frangie Saade.

La inspección, realizada este jueves detectó, entre otros hallazgos, niveles cercanos al 80 por ciento de capacidad en los cárcamos de lixiviados, líquidos generados por la descomposición de los residuos, por lo que la dependencia ordenó su rebombeo y recirculación, además de trabajos de cobertura y estabilización de taludes.

La visita de la Proepa al sitio se dio luego de que habitantes de los pueblos de la Barranca denunciaran la contaminación de las cascadas de Huaxtla y la atribuyeran a los lixiviados de Picachos y Hasar’s, vertedero de operación privada. La polución también se denunció ya a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), pero el personal de esta dependencia federal no acudió a una inspección acordada el lunes para revisar la calidad del agua en el río Milpillas, a la altura de las cascadas.

Las acciones de la Proepa fueron determinadas luego de una supervisión en la que también participaron autoridades ambientales federales.

Entre las medidas solicitadas puntualmente se encuentra la conformación y compactación de los taludes para mantener condiciones de estabilidad y seguridad, así como la cobertura de los residuos en las áreas que lo requieran.

La autoridad también ordenó la recobertura de la celda 6 con el objetivo de reforzar el confinamiento de los residuos depositados.

En cuanto al manejo de los lixiviados, la Proepa solicitó su rebombeo y recirculación entre cárcamos debido a que durante la diligencia se observaron niveles de aproximadamente 80 por ciento de la capacidad del sistema de captación.

De acuerdo con la procuraduría estatal en su comunicado, “se dará seguimiento a las medidas mediante recorridos de vigilancia y verificaciones periódicas para revisar su ejecución y el cumplimiento de la normatividad ambiental”.

LA POLUCIÓN NO ES NUEVA

Los habitantes de los pueblos de la Barranca mantienen una lucha ambiental que se remonta a 1994, cuando exigieron el cierre del antiguo tiradero de Copala por daños ecológicos.

Años después, en 2009, las comunidades se movilizaron por problemas asociados con los vertederos Picachos y Hasar’s, y posteriormente, en 2011, presentaron un nuevo pliego para exigir el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con autoridades municipales y estatales.

Para 2023, los pobladores acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) por la omisión de autoridades municipales frente a las problemáticas de Picachos.

Más de tres décadas después, las comunidades de Huaxtla, La Soledad, San Lorenzo, Milpillas e Ixcatán mantienen sus reclamos por la contaminación de sus cuerpos de agua.

Morena denunciará ante Profepa daño ambiental

Regidores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el cabildo de Zapopan anunciaron que ayer presentarían una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por el daño ambiental de Picachos en los ríos Milpillas y Grande.

Durante una rueda de prensa en el Congreso del Estado, el regidor Mauro Lomelí Aguirre informó que la denuncia incluirá 13 pruebas documentales, además de fotografías y videos que, según el edil, fueron proporcionados por habitantes de comunidades cercanas, servidores públicos municipales, organizaciones y pobladores de Huaxtla, Mesa de San Juan, San Lorenzo, Milpillas, San Francisco Ixcatán y La Soledad.

Entre las pruebas se encuentran convenios de 1994 y 2009 relacionados con la reubicación y saneamiento de los tiraderos de Picachos y Hasar’s, así como denuncias presentadas ante autoridades estatales, municipales y federales por contaminación desde 2011.

Lomelí sostuvo que parte de las evidencias corresponde a presuntas descargas de lixiviados provenientes de Picachos hacia los cauces de la zona. Aclaró que será la Profepa la autoridad encargada de determinar si existe daño ambiental y, en su caso, establecer responsabilidades.

Por su parte, la diputada Tonantzin Cárdenas Méndez informó que desde el Congreso del Estado presentará un acuerdo legislativo para exhortar al Ayuntamiento de Zapopan y a su Contraloría a intervenir ante la problemática.

El exhorto plantea que el Municipio contenga los lixiviados, rehabilite infraestructura, refuerce las medidas de contingencia durante las lluvias y mantenga un monitoreo público del agua y de los lixiviados.

También buscará que la Contraloría de Zapopan entregue al Congreso, en un plazo de 30 días, información sobre el presupuesto y las acciones realizadas durante la administración anterior y la actual para atender la problemática. Miguel Ángel Vidal 

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