Se cumplen 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. A pesar de las nuevas líneas de investigación, fiscalías y comisiones, las madres y los padres aún desconocen el paradero de sus hijos. Estos años han estado marcados por el dolor, la incertidumbre, la búsqueda y la exigencia de verdad.
El deterioro de la salud de las familias está ampliamente documentado. En 2018, el informe Yo sólo quería que amaneciera, elaborado por Fundar y otras organizaciones, describió el “duelo congelado” que provoca la incertidumbre. También mostró cómo la impunidad, la estigmatización, las irregularidades de la investigación y la imposición de la llamada “verdad histórica” profundizaron los daños y produjeron nuevos procesos de revictimización. La Red Salud 43 integró expedientes clínicos y realizó brigadas médicas que identificaron hipertensión, niveles elevados de glucosa y otros factores de riesgo. Un estudio posterior de Fundar, ‘Ayotzinapa: una década de impunidad’, señaló que el deterioro de la salud no puede separarse de las transformaciones que la desaparición, la búsqueda prolongada y la lucha por la justicia provocaron en la vida cotidiana de las familias.
El paso del tiempo tiene consecuencias irreversibles. Minerva Bello Guerrero, madre de Everardo Rodríguez Bello, falleció en 2018. En 2021 murieron Saúl Bruno Rosario, padre de Saúl Bruno García, y Bernardo Campos Santos, padre de José Ángel Campos Cantor. En 2022 falleció Ezequiel Mora Chora, padre de Alexander Mora Venancio; en 2025, Donato Abarca Beltrán, padre de Luis Ángel Abarca Carrillo, y Genoveva Sánchez Peralta, madre de Israel Caballero Sánchez. En agosto de 2026 murió Francisco Rodríguez Morales, padre de Everardo. También falleció Tomás Ramírez Jiménez, padre de Julio César Ramírez Nava, normalista asesinado en los ataques de septiembre de 2014 en Iguala.
Uno de los reclamos centrales de las familias es la entrega de los documentos de inteligencia militar pendientes. En febrero de 2026 obtuvieron una sentencia favorable en el amparo 1350/2023, mediante la cual un juzgado federal identificó una ausencia aproximada de 853 folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia y ordenó al Ejército entregarlos. Esos archivos deben traducirse en nuevas diligencias y, cuando existan pruebas suficientes, en acciones penales que permitan establecer responsabilidades. También siguen pendientes detenciones y extradiciones, incluida la de Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, quien permanece en Israel y es requerido por la justicia mexicana por su probable responsabilidad en desaparición forzada, tortura y manipulación de la investigación con la que se construyó la “verdad histórica”.
En este momento es esencial atender las exigencias de las familias, como la entrega completa de los archivos de inteligencia militar, el agotamiento de todas las líneas de investigación, la sanción de quienes participaron en los hechos o en su encubrimiento y cuyas ordenes de aprehensión siguen sin ser ejecutadas; la recuperación del acompañamiento internacional independiente que en su momento fue determinante para desmontar la “verdad histórica” y avanzar en la investigación que permita acercarse a la justicia y finalmente saber el paradero y destino de sus hijos.
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