Las conmemoraciones internacionales tienen entre sus propósitos visibilizar problemáticas, generar conciencia social, reconocer luchas y contribuciones, impulsar acciones de los gobiernos y mantener determinados asuntos dentro de la agenda internacional. Hace unos días, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la resolución 80/301 para establecer el 19 de diciembre como Día Internacional de Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Personas Desaparecidas. La iniciativa fue presentada por Siria y recibió el respaldo de diversos países, entre ellos Colombia, que se incorporó como copatrocinador.
Este reconocimiento forma parte de un proceso internacional construido durante años por familiares de personas desaparecidas, organizaciones de víctimas y colectivos que han mostrado una y otra vez que son principalmente mujeres quienes encabezan la búsqueda y que, al hacerlo, enfrentan amenazas y distintas formas de violencia.
En América Latina existe un antecedente importante en Colombia. En continuidad con el proceso de paz y la centralidad otorgada a los derechos de las víctimas, durante el gobierno de Gustavo Petro se aprobó en 2024 la Ley 2364, que reconoce a las mujeres buscadoras como constructoras de paz y sujetos de especial protección constitucional. La propia ley estableció que el gobierno promovería ante las Naciones Unidas la creación de un día internacional dedicado a las mujeres buscadoras (art.22).
En enero de 2025, durante el primer Congreso Mundial sobre Desapariciones Forzadas, celebrado en Ginebra, uno de los temas presentes de manera reiterada en mesas, conferencias y testimonios fue el papel fundamental de las mujeres en los procesos de búsqueda. En aquellos debates participaron mujeres de Siria, Filipinas, Gambia, México y otros países. Aunque provenían de contextos muy distintos, compartían experiencias similares: la necesidad de sostener económicamente a sus familias mientras buscan, la estigmatización, los obstáculos para acceder a información, el desgaste físico y emocional, los riesgos derivados de sus actividades y la exigencia permanente de verdad y justicia.
La reciente resolución de Naciones Unidas reconoce el papel fundamental de las organizaciones de la sociedad civil, las iniciativas comunitarias y las familias en el acompañamiento a las mujeres buscadoras y en la preservación de la memoria. También subraya que cada desaparición provoca un sufrimiento profundo que trasciende a la víctima y afecta a familias y comunidades, especialmente a mujeres y niños, con consecuencias sociales, económicas, jurídicas, educativas, de salud y seguridad.
Frente a ello, destaca la fortaleza, capacidad de acción y liderazgo de las mujeres buscadoras, así como su contribución decisiva a la verdad, la justicia y la memoria, al tiempo que reconoce el impacto desproporcionado que la búsqueda tiene sobre ellas y advierte que reconocer su esfuerzo constituye apenas una parte del reconocimiento del daño que han sufrido.
La resolución alienta a los Estados a adoptar medidas concretas contra la discriminación y la violencia hacia las buscadoras, garantizar el pleno ejercicio de sus derechos e incluirlas en las decisiones que las afectan. Las mujeres tienen derecho a buscar, participar y exigir resultados, pero son los Estados quienes tienen la obligación de prevenir las desapariciones, buscar a quienes faltan, investigar los hechos y garantizar verdad y justicia.
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