La primera megamovilización por el derecho a tener agua limpia en la Zona Metropolitana de Guadalajara (11 de octubre de 2026) derivó en una brutal represión con agresiones directas a manifestantes por parte de policías, uso de chorros de agua para dispersar la marcha y gases lacrimógenos afuera de Casa Jalisco; también se ha documentado tortura y desaparición forzada de corta duración. Hubo numerosas detenciones y, aunque todas las personas quedaron en libertad, algunas fueron sujetas a proceso penal.
No es la primera vez que se reprime en Jalisco; por ejemplo, el 28 de mayo de 2004, en el contexto de una manifestación contra la Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, el gobierno del PAN encabezado por Francisco Ramírez Acuña reprimió con dureza a manifestantes: golpes directos, gases lacrimógenos, detenciones arbitrarias, tortura y desaparición forzada de corta duración. Un grupo de manifestantes fue liberado después de muchas presiones, pero quedó sujeto a proceso.
El 1 de diciembre de 2012, siendo gobernador Emilio González Márquez (PAN), hubo detenciones y violaciones a derechos humanos frente a la Feria Internacional del Libro, en una protesta que terminó con represión y, nuevamente, con personas detenidas que enfrentaron procesos penales, aunque en libertad. Los días 4, 5 y 6 de junio de 2020, bajo el gobierno de Enrique Alfaro (MC), las protestas por el asesinato de Giovanni López fueron reprimidas con detenciones arbitrarias, agresiones policiales y desaparición forzada. Giovanni había sido detenido por policías de Ixtlahuacán de los Membrillos y golpeado hasta perder la vida. Los hechos del 5 de junio se recuerdan como el “halconazo tapatío”.
También durante el gobierno de Alfaro, estudiantes y vecinos que defendían el Parque Resistencia Huentitán fueron desalojados violentamente el 19 de agosto de 2021. Posteriormente se iniciaron procesos penales contra universitarios que participaron en su defensa y, en enero de 2023, tres de ellos fueron encarcelados y sujetos a proceso por el supuesto delito de despojo, cuando todo lo que hacían era defender un espacio público de la ambición inmobiliaria.
En la segunda megamanifestación en defensa del agua (18 de octubre de 2026), hubo presencia de grupos de encapuchados que provocaron destrucción en comercios e incendiaron puertas de edificios públicos. Ahí no hubo intervención policiaca, ni siquiera para proteger a los manifestantes, quienes se deslindaron desde un inicio de los grupos de choque y, con toda prudencia, suspendieron por un momento la marcha y permanecieron en plantón, defendiendo el carácter pacífico de su movilización y cuidando al contingente frente a posibles infiltrados.
En las dos movilizaciones por el agua deben investigarse las responsabilidades. En la primera marcha, no basta con sancionar a los policías que cometieron abusos, sino que debe esclarecerse la responsabilidad de los mandos que ordenaron y dirigieron el operativo represivo contra un contingente con amplia presencia de familias, adultos mayores e infancias. En la segunda marcha no basta con la detención de los encapuchados, sino que debe investigarse a qué intereses respondían sus acciones y por qué no se otorgó protección a la manifestación frente a la evidente violencia de esos grupos.
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