Las movilizaciones en la Zona Metropolitana de Guadalajara por agua limpia en los hogares expresan el hartazgo de una ciudadanía que lleva meses denunciando problemas de abastecimiento y calidad, con antecedentes de larga data y sin una solución integral. En febrero de 2024, el entonces gobernador Enrique Alfaro afirmó: “Hoy garantizamos el abasto de agua para la ciudad por los próximos 50 años”, pero sus afirmaciones quedaron en el aire, sin traducirse en planes ni políticas públicas que resolvieran el problema.
Frente a la crisis y la presión ciudadana, el actual gobierno de Jalisco ha anunciado limpieza de instalaciones, inversiones y mejoras en la potabilización, pero la propuesta central es el “tandeo”, sin precisar aún cómo se implementaría el racionamiento, con la promesa de que habría poca agua, pero limpia.
La ciudadanía lleva meses documentando que, al abrir la llave en la zona conurbada, recibe agua con sedimentos, de color oscuro y maloliente, que impide realizar labores cotidianas de limpieza y de higiene personal; frente a ello, recomendar el uso de agua de garrafón traslada a las familias el costo de resolver el problema, mientras que distribuir apoyos en algunas colonias o condonar la tarifa del agua no resuelve la calidad del suministro ni garantiza agua potable en los hogares.
Las aportaciones de investigadores de la Universidad de Guadalajara permiten comprender la profundidad del problema: el doctor Arturo Gleason ha propuesto un diagnóstico científico que examine las fuentes de abastecimiento, los canales, la potabilización y la red de distribución, mientras que la doctora Alicia Torres advierte la necesidad de una política congruente para proteger la calidad del agua en la cuenca Lerma-Santiago, y reparar las redes y el drenaje.
La crisis también profundiza desigualdades, pues no todas las familias pueden comprar garrafones, contratar pipas o instalar equipos de tratamiento; a los costos se agrega el tiempo destinado a buscar, transportar y administrar el agua, así como la carga de sostener los cuidados cotidianos, que recae principalmente en las mujeres.
La reforma al artículo 4 constitucional de febrero de 2012 reconoció el derecho de las personas al agua para consumo personal y doméstico en condiciones suficientes, salubres, aceptables y asequibles, y estableció la obligación del Estado de garantizarlo.
La Primera Sala de la Suprema Corte desarrolló ese contenido en la jurisprudencia 1a./J. 81/2023 mediante tres elementos: disponibilidad, calidad y accesibilidad; la disponibilidad exige un abastecimiento continuo y suficiente para los usos personales y domésticos, la calidad comprende agua salubre, libre de microorganismos y sustancias que amenacen la salud, con características aceptables de color, olor y sabor, y la accesibilidad exige acceso físico y económico para todas las personas, sin discriminación. Ninguna de esas obligaciones se cumple en la zona metropolitana de Guadalajara.
El reclamo ciudadano y las diversas formas de movilización expresan la exigencia de un derecho fundamental para la vida; las autoridades deben escuchar a las organizaciones civiles, a la ciudadanía y a especialistas que ya han planteado qué puede hacerse, y traducir sus propuestas en compromisos y acciones que garanticen agua limpia en los hogares.
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