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Ingenuos
El abogado de Ovidio
Las 12 hectáreas del predio de Colomos III en disputa entre particulares y el gobierno del estado fueron compradas a Héctor Rafael Caro Elenes, apoderado legal de Inmobiliaria Prominente, empresa señalada en 2013 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como una de varias utilizadas por Rafael Caro Quintero para el lavado de dinero.
Iván Novia Cruz, abogado de las cuatro familias que reclaman como propio el predio de Colomos III, aseguró que los afectados compraron el predio en 2010 por 88 millones de pesos a esa empresa inmobiliaria.
La compra la realizó la familia de Anda a Caro Elenes. En 1983, Rafael Caro Quintero compró el predio a Amparo Meneses, viuda de Melquiades Mora Orozco; después recayó en manos de sus tres hijos, entre ellos, Héctor Rafael Caro Elenes.
Las familias invirtieron en el predio para fincar tiendas para la venta de electrodomésticos con razón social Mavi de Occidente, SA de CV, conocidas en el mercado como tiendas Viu o Muebles América.
Novia Cruz indicó que el valor del predio ha ascendido más de 60 por ciento que el precio de compra, es decir, de más 88 millones de pesos de origen, el valor aproximado asciende a más de 140 millones.
El 19 de octubre del mismo año, el Departamento del Tesoro señaló a 20 empresas y un particular localizados en Guadalajara y ligados al lavado de dinero, entre las que destaca Inmobiliaria Prominente.
El 12 de junio de 2013, la institución estadounidense señaló a 15 personas y 18 entidades vinculadas a Rafael Caro Quintero; entre las personas figuró Héctor Rafael Caro Quintero, tres hermanos y su madre, María Elizabeth Elenes Lerma.
Caro Elenes, jinete registrado ante la Federación Ecuestre Mexicana, medallista centroamericano de los Juegos Centroamericanos celebrados en Colombia en 2006 y participante olímpico en Pekín 2006, es hijo de Rafael Caro Quintero, fundador del cártel de Guadalajara.
Junto a José Esparragoza Moreno, alias El Azul, Rafael Caro Quintero fundó ese cártel a finales de los años 70. Arrestado en 1985 por la muerte de un agente de la DEA Enrique Camarena Salazar y su piloto Alfredo Avelar, fue condenado en 1989 a 40 años de prisión.
Tras 28 años en la cárcel, desde donde se asegura que operó redes de lavado de dinero con familiares y empresas, fue liberado en 2013, pues se arguyó que no debió ser enjuiciado por el fuero federal. En 2015 se volvió a girar orden de arresto en su contra; ésta no ha sido cumplida.
140 millones de pesos es el precio actual del terreno, asegura el abogado
EH/I