El gasto en publicidad oficial

Los colectivos de ciudadanos y comunicadores Artículo 19, Fundar y Medios Libres impulsan una nueva ley de publicidad que evite la discrecionalidad, el despilfarro y la presión a los medios de comunicación en el ejercicio de su labor informativa.

El futuro coordinador de Comunicación Social de AMLO, Jesús Ramírez Cuevas, director del periódico Regeneración, de Morena, presentado en su oportunidad a López Obrador por Carlos Monsiváis, ha señalado que el gasto de 2019 en materia de publicidad será de alrededor de 30 mil millones de pesos, la mitad de los que se gastó Enrique Peña Nieto.

Esta propuesta del coordinador de AMLO es del orden de los 4 mil 500 millones cada mes aproximadamente. Este monto significa 60 por ciento del programa Prospera. Un poco menos que el presupuesto de la UNAM, de 38 mil 895 millones de pesos, y la mitad del monto del Fideicomiso del Seguro Popular, y casi el costo de la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara, que es del orden de los 25 mil millones.

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados trabaja para derogar la ley actual impulsada por el PRI y el PVEM, que fue promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto el 11 de mayo de 2018 y entraría en vigor el 1 de enero de 2019. Esta ley es llamada popularmente ley chayote, y los diputados de Morena pretenden crear una nueva ley de comunicación pública que esté vigente durante el sexenio de López Obrador.

Para las organizaciones sociales y los académicos, la ley de Peña Nieto tiene los dados cargados hacia la política, no a la sociedad, y faculta a la Secretaría de Gobernación para diseñar la estrategia de comunicación social del gobierno federal, además fomenta la censura indirecta al permitir a la Segob regular la difusión de los mensajes que se contraten en los medios de comunicación. Esta ley no especifica ningún tipo de sanción para los funcionarios que la incumplan o contraten más publicidad de la presupuestada, y no establece mecanismos eficientes de transparencia y rendición de cuentas para que la sociedad civil constate el ejercicio del gasto público.

La nueva ley de comunicación pública que proponen los diputados de Morena se basa en una legislación que promueva los derechos a la información, a la expresión y a la participación ciudadana; pretenden eliminar la discrecionalidad y el favoritismo a ciertos medios desde el poder político, así como la reducción en 50 por ciento del presupuesto destinado a empresas mediáticas, como parte del plan de austeridad, y centralizar el manejo de los recursos a través del coordinador, no a través de las oficinas de comunicación social.

El problema en términos llanos es que nadie muerde la mano que le da de comer, pues el mayor ingreso de las empresas de medios de comunicación es la publicidad oficial; por ejemplo, no es un secreto que en Jalisco las oficinas de comunicación social orientan líneas editoriales. Otro problema, de acuerdo con datos de Artículo 19, más de 50 por ciento de las entidades no informa sobre sus campañas publicitarias.

De igual forma, la ley no señala un mecanismo específico para que los ciudadanos constaten la veracidad de los mensajes que difunde el gobierno, y no reglamenta los criterios que deben observarse para elegir a los medios que transmiten los mensajes oficiales.

Hace falta que en la nueva ley se incluyan criterios específicos de certificación en torno a las audiencias, tiraje o tráfico que deben cumplir los medios que recibirán la publicidad gubernamental. El cabildeo está intenso entre diputados de los partidos, comunicadores, académicos y dueños de empresas mediáticas.

Se necesita poner a la disposición pública toda la información sobre el ejercicio del poder público, no sólo publicidad. La información no es un fin en sí misma, es sólo un insumo. Debemos tender a la creación de una nueva cultura de la administración de la información, donde la medición y la evaluación de la publicidad no se centre en la cantidad de impactos publicitarios, sino en las estrategias y acciones tendientes a una efectiva comunicación con los ciudadanos.

Opinión de: [email protected]

JJ/I