Fiscalía General autónoma

Entre los asuntos que es necesario considerar para valorar el desempeño del gobierno del estado de Jalisco, bajo la administración de Aristóteles Sandoval, la seguridad pública, en todas sus vertientes, ocupa un lugar muy relevante, pues de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu) realizada por el Inegi en diciembre de 2017, el porcentaje de la población de 18 años y más que durante diciembre de 2017 se sintió insegura en Guadalajara fue de 71.5 por ciento, casi la misma proporción que en septiembre de 2016, que fue del 71.6.

Esa misma encuesta dice que el porcentaje de la población de 18 años y más que durante el cuarto trimestre de 2017 escuchó o presenció robos o asaltos en los alrededores de su vivienda, en Guadalajara, fue de 63.7 por ciento, en contraste con el 60 reportado en septiembre de 2016.

Asimismo, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) de 2017 informa que la tasa de víctimas de delito por cada 100 mil habitantes de 2012-2016 se ha mantenido prácticamente estable en todos esos años: con un promedio de 32 mil 200.

Finalmente, si tomamos en cuenta los datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, Jalisco ostenta el penoso tercer lugar nacional, al corte de 31 de octubre de 2017, con 2 mil 971 personas no localizadas, sólo detrás de Tamaulipas y del Estado de México.

En resumen, podemos considerar que el diseño institucional propuesto por nuestro gobernador para que las actividades de prevención y persecución de delitos, así como de readaptación social, fueran gestionadas por una sola instancia pública, la Fiscalía General de Jalisco, ha resultado un fracaso, como se anticipaba ya desde 2013, cuando se creó dicha instancia, a pesar de las críticas de los especialistas, quienes argumentaban que no era viable concentrar esas actividades tan distintas bajo un mismo mando.

No está de más recordar que tanto el PRI como Movimiento Ciudadano avalaron la creación de dicha entidad, que podemos suponer que fue propuesta por Luis Carlos Nájera, porque esos mismos partidos aprobaron cambiar la Constitución de Jalisco a fin de abrir la posibilidad de que el propio Nájera pudiera ser el titular de dicha dependencia, así que sobre ese tema en particular habrá que pedirle cuentas a ambos partidos.

Ahora bien, el hecho de que haya fracasado ese modelo es un buen motivo para que se lleve a cabo la propuesta de reforma legal que dotará de autonomía a la Fiscalía General, al mismo tiempo que se separa de la Secretaría de Seguridad Pública, la cual no será autónoma, pues la seguridad pública debe seguir siendo responsabilidad directa del gobernador.

La persecución de los delitos, que debe ser el papel de la fiscalía, no debe depender del gobernador, porque nuestra historia nos dice que se corre el riesgo de que se persiga a los enemigos políticos y se perdone a los aliados del propio mandatario. Además, si la fiscalía depende del gobernador, esto impediría que se investiguen y persigan los actos delictivos que pudiera llegar a cometer el propio gobernador, lo que puede propiciar que la impunidad y la corrupción se mantengan en niveles altos o muy altos.

En ese sentido, es inaceptable la pretensión de nuestros diputados locales de posponer las reformas legales, y la respectiva designación del nuevo fiscal general autónomo hasta que se conozca el resultado de las elecciones, pues eso da a entender que se pretende que el nuevo gobernador electo apruebe la designación de dicho fiscal, lo que en los hechos le restaría la autonomía que la ciudadanía en general, y las víctimas de los delitos, están exigiendo.

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@albayardo

JJ/I