Quinto Patio

El 15 de mayo, Día de los Maestros y Maestras, fue de festejos y reclamos. Por un lado, el gobierno de Jalisco organizó un desayuno y reunió a más de mil 200 profes con arriba de los 30 y 40 años de servicio para entregarles un reconocimiento y, por el otro, docentes exigieron que las autoridades educativas se pongan al corriente con los pagos, pues afirman y recuerdan que les deben quincenas.

A ver, ¿cómo va a ir a festejar el o la profe a la que no le han pagado? En respuesta el gobierno de Jalisco se lavó las manos y sencillamente dijo, “pasen a la siguiente ventanilla, que no es conmigo”, al afirmar que los adeudos son causados por el gobierno federal. La cosa es que ni siquiera se comprometieron a gestionar que ya se ponga al corriente la autoridad federal, que también pone oídos sordos y nomás no soluciona. El cariño o reconocimiento a los profes que no se refleje en la nómina es demagogia.

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La Secretaría de Salud Jalisco, la Comisión Estatal del Agua y el Ayuntamiento de Poncitlán tendrán que ponerse a chambear para garantizar el derecho al agua, a la salud y a un ambiente sano a los habitantes de San Pedro Itzicán, la pequeña comunidad situada frente al lago de Chapala y que desde hace años ha padecido el infierno de abastecerse de agua contaminada, entre otros problemas, lo que ha derivado en enfermedades de riñones. La reparación de los daños y una serie de medidas fue ordenada por el juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa, Civil y del Trabajo, que concedió un amparo al pueblo.

El promovente del amparo es ex diputado local, empresario y activista ambiental Manuel Villagómez Rodríguez, quien preside la Fundación Cuenca Lerma-Chapala-Santiago y a través de la cual logró la protección de la justicia federal. Los vecinos de San Pedro Itzicán han sufrido durante años una epidemia de insuficiencia renal crónica. Que de inmediato actúen las autoridades es ultranecesario. La vida de los afectados está siempre en vilo.

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El caso del Parque San Rafael y la obra que a como dé lugar realiza e impone el Siapa, con el apoyo de policías, genera más y más malestar entre los vecinos que llevan años oponiéndose por los daños que prevén ocurren en la zona, incluida la flora y la fauna de ese espacio. Por parte de las autoridades no hay diálogo, hay desdén, hay despliegue de fuerza policial y, como reclaman los colonos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no se ha parado. Que los intereses inmobiliarios están de a peso.

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Ái, cuatro meses después, los diputados locales decidieron por fin acatar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y eliminar de la Ley para el Ejercicio de las Actividades Profesionales del Estado de Jalisco la emisión de cédulas temporales y dejarlas por definitivas.

Aunque la resolución de la Corte señala que Jalisco carece de facultades para poder poner reglas para la emisión de cédulas, porque es una decisión exclusiva de la Federación, se dio a inicios del año, apenas la semana pasada ajustaron cuentas sin decir nada, así como tratando que nadie se diera cuenta de que estaban corrigiendo la plana.

Incluso el diputado de Hagamos, Enrique Velázquez, fue mesurado cuando se dirigió a sus compañeros para evidenciar que estaban corrigiendo un error del pasado, y evitó señalar, como lo ha hecho en otras ocasiones con la frase de “se los dije”. Pero esta vez no quiso usarla como parte de esa tregua que mantienen los udegeístas con Movimiento Ciudadano y con el Ejecutivo, que ya estamos contando los días para ver cuánto dura.

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