Al estilo Jalisco

Jalisco se ha distinguido en los últimos seis años con tres meses por ser el ejemplo nacional de la tragedia; casos emblemáticos como la desaparición de cinco jóvenes de Lagos de Moreno, la masacre de once personas que se dedicaban a la construcción en Tonalá, el magnicidio del ex gobernador Jorge Aristóteles Sandoval; el feminicidio de madre e hija en una agencia del ministerio público en el municipio de Poncitlán; el feminicidio de Vanessa que murió enfrente de Casa Jalisco; la brutalidad policial con la que fueron detenidos jóvenes en la manifestación por la muerte de Giovanni López; la desaparición de jóvenes que laboraban en un call center en el municipio de Zapopan; la desaparición de las hermanas Daniela y Viviana Márquez Pichardo, de su prima Irma Paola Vargas Montoya y José Melesio Gutiérrez Farías, en Ocotlán; la emboscada a policías investigadores de la Fiscalía Estatal y Policía Municipal con minas terrestres donde murieron seis policías; la identificación de ciento ochenta y seis fosas clandestinas del 1 de diciembre de 2018 al 1 de febrero de 2025; el hallazgo de Rancho Izaguirre en Teuchitlán como campo de adiestramiento y exterminio operado por el crimen organizado nos recuerdan y reflejan la barbarie en la que vivimos en Jalisco. Esto es terrible y dramático, es ejemplo del espacio que captura la delincuencia organizada, ante la impunidad y de una mecánica de exterminio con el que ya hemos aprendido a convivir.

El nivel de violencia e impunidad en Jalisco está alcanzando niveles alarmantes, y más preocupante aún pensar que existen autoridades de los tres ámbitos de gobierno rebasadas, coludidas e infiltradas por el crimen organizado, particularmente por una de las organizaciones conocida por su uso agresivo de la violencia y actor principal criminal y dominante en Jalisco.

Durante las administraciones emecistas se han propiciado las condiciones para que la delincuencia organizada capture el territorio y a las autoridades de los municipios del interior del estado y, con ello, se incremente la incidencia delictiva de los delitos de alto impacto.

Y aunque la responsabilidad de la seguridad pública, según la propia Constitución federal y de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece es una obligación de la Federación, de los estados y municipios coordinarse en materia de seguridad, también lo es que Jalisco se ha resistido a modificar su estrategia de seguridad, de un modelo meramente reactivo, a un modelo con un enfoque basado en la comunidad, en el análisis, en el mantenimiento del orden y por supuesto en la respuesta inmediata de las demandas sociales.

Las labores de búsqueda de los colectivos son prueba de la ineficacia del gobierno de Jalisco; no debe sorprendernos que, ante la pena y el dolor de las familias víctimas de personas desaparecidas, prevalece la frivolidad de la clase política, ya que mientras el resto de las personas nos encontramos en luto nacional, las y los políticos insisten en asistir a eventos públicos fútiles, triviales y mostrarlos en sus redes sociales, sin que muestren sensibilidad sobre lo acontecido en Teuchitlán.

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