Entre el llamado a construir un marco legal que regule la renta, fortalecer la producción de vivienda adecuada y promover la defensa colectiva del derecho a habitar, la Red Nacional por la Vivienda inauguró este 7 de diciembre un nodo en Jalisco. La jornada incluyó un conversatorio y un espacio de reflexión sobre la situación de la vivienda en el estado, el país y el mundo, marcando el inicio formal de los trabajos de este espacio organizativo en la entidad.
Las demandas del Frente parten de la urgencia de contar con un marco jurídico inquilinario que proteja a las personas arrendatarias, regule precios y limite prácticas abusivas, así como de que el Estado asuma la producción de vivienda adecuada, recupere plusvalías, controle los alojamientos turísticos y fortalezca la vivienda pública y social.
Además, planteó garantizar acceso real a la justicia para quienes defienden su derecho a la vivienda, sin represalias ni costos que desalienten la denuncia; reconocer a las poblaciones más afectadas, como personas sin techo y habitantes de asentamientos, evitando su criminalización, y promover una defensa colectiva del derecho a habitar ante la especulación y la precarización habitacional.
Durante el conversatorio, Laura Vázquez, una de las asistentes, recordó que la lucha por la vivienda nace también de vivencias personales: jóvenes que, pese a seguir “el camino correcto”, no pueden acceder a un hogar propio, trabajan jornadas extensas y no alcanzan condiciones mínimas de estabilidad. Ese panorama, dijo, evidencia que el problema no es individual, sino estructural, y que por lo tanto requiere respuestas colectivas y políticas integrales.
Por su parte, el académico Máximo Jaramillo-Molina presentó datos que ilustran lo que llamó “el gran despojo”: en los últimos 20 años disminuyó casi 10 puntos el porcentaje de hogares propietarios y, en contraparte, aumentó el número de personas inquilinas, especialmente entre jóvenes y mujeres. En la Ciudad de México, señaló, seis de cada 10 jóvenes jefes de hogar alquilan su vivienda; en el caso de las mujeres jóvenes, la proporción asciende a ocho de cada 10, quienes llegan a destinar hasta un tercio de su ingreso mensual únicamente al pago de renta.
Los ponentes alertaron que la llamada clase rentista, respaldada por políticas públicas y narrativas afines a la especulación inmobiliaria, concentra cada vez una mayor proporción del parque habitacional. Mientras tanto, millones de personas quedan sujetas a rentas que dificultan la estabilidad y la construcción de comunidad. Ante ese panorama insistieron en la necesidad de organizarse, articular movimientos y fortalecer la acción pública.
Finalmente, el Frente llamó a que la sociedad asuma la defensa del derecho a la vivienda de forma colectiva. Advirtió que la crisis habitacional no podrá solucionarse únicamente mediante reformas legales, sino a través de organización social, información crítica y acción comunitaria frente a la especulación y la gentrificación, fenómenos que continúan profundizando las desigualdades en el acceso a una vivienda digna en México.
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