El Siapa se ha convertido en esa cloaca en la que por donde se asomen, brota el cochinero. Ahora fue la Auditoría Superior del Estado de Jalisco la que encontró irregularidades por casi 60 millones de pesos por falta de documentos, obras que no aparecen y por el caso que esta vecindad dio a conocer, de una empresa que ganó una licitación y no fue notificada, por lo que además de pagar a la empresa a la que se asignó el trabajo, el Tribunal de Justicia Administrativa le ordenó al organismo pagar a la empresa que tenía derecho al contrato.

Total, fuera de los funcionarios del Siapa y de las administraciones naranjas, ¿habrá quiénes sí hablen bien de dicho organismo? Si los hay, seguramente son una minoría, entre los cuales no se encuentran los usuarios (salvo los morosos que no pagan y el Siapa no da a conocer quiénes son). La cosa es que las irregularidades que se detectan a la dependencia intermunicipal, se acumulan una tras otra... tras otra… tras otra…

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A la Secretaría General de Gobierno le corrigieron la plana. O, si se quiere, recibió un tache. Si este jueves aseguró que el acuerdo legislativo para solicitar referéndum sobre la tarifa del transporte público, el Congreso del Estado lo dirigió de manera incorrecta al Consejo de Participación Ciudadana y Popular, porque según los abogados de Salvador Zamora debió hacerlo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC). Sin embargo, desde el instituto aclararon que lo correcto es enviar la solicitud al referido consejo.

Todavía restan diferencias jurídicas entre el Legislativo y el Ejecutivo. Veremos en qué terminan.

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Falta de interés, conocimiento, voluntad… Lo que haya sido, pero el Congreso del Estado incumplió el plazo constitucional que los mismos diputados y diputadas se impusieron en octubre pasado, y que venció el pasado miércoles para crear una nueva Ley de Transparencia y adecuar la de Protección de Datos Personales. En su reciente sesión extraordinaria pudieron remediarlo, pero no lo hicieron. ¿Efectos o consecuencias? Naaaaaaada menor: conculcar el derecho fundamental de acceso a la información de datos personales en Jalisco. ¿Y eso? Pues acordémonos que desde diciembre pasado desapareció el órgano garante de esos derechos, el Itei, ¡y la ley donde establece sus facultades aún está vigente!

Y es que el renovado modelo de transparencia faculta a las nuevas autoridades gar-antes, como La Contraloría, para el Poder Ejecutivo y ayuntamientos; el Poder Judicial, el Poder Legislativo y órganos autónomos, entre otros, peeeeeeero sin ley específica no pueden actuar como autoridades garantes para resolver quejas y recursos de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. ¿De cuántos recursos y quejas hablamos? De arriba de cuatro mil que dejó pendiente el Itei, más los que se han acumulado desde que se extinguió ese organismo. Así de grave e irresponsable es la inacción, desinterés e indolencia de diputados y diputadas. Les vale, pues.

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Al huachicol que merma el poliducto Salamanca-Guadalajara nadie logra detener. Pemex localizó y la Fiscalía General de la República inhabilitó 13 tomas clandestinas en Tototlán, Tala y…y… Degollado, municipio este último en el que detectaron seis en la localidad El Quirino (no es el de Tlajo, ¿ok?).

NH/I