Diversas organizaciones, entre ellas el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), firmaron y enviaron un informe ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el fin de que, dentro de su informe periódico universal, revise el retroceso que ven en cuanto a derechos humanos a partir de una serie de reformas impulsadas desde el Ejecutivo federal.

Señalaron que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y en el actual de Claudia Sheinbaum Pardo se han promovido reformas que ponen en riesgo la garantía de derechos humanos; por ejemplo, el paquete de reformas sobre desaparición de personas, la judicial y la de transparencia.

“Las violaciones generalizadas a los derechos humanos no son nuevas en México. Así lo ha constatado el relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura en sus informes de 2014 y 2017 (...), entre otros; sin embargo, de manera reciente se han aprobado una serie de leyes y reformas que menoscaban la garantía de derechos, la rendición de cuentas y los contrapesos al poder, tres elementos fundantes para una democracia sana”, describen.

En materia de desaparición de personas, las organizaciones lamentaron que la crisis se agudizó el año pasado y que, en respuesta, el gobierno federal promovió una serie de reformas y se negó a aceptar la problemática incluso ante la misma ONU.

“En el año 2024 ocurrían a un ritmo de 26 al día, en el primer semestre de 2025 ha aumentado a más de 45 personas desaparecidas diariamente. El anuncio del CED (Comité contra la Desaparición Forzada) de comenzar el procedimiento del artículo 34 ha desatado una reacción muy agresiva por parte del Estado, negando la magnitud de la problemática. Diversas organizaciones civiles y colectivos de víctimas hemos señalado que la aplicación del artículo 34 no debe ser visto como un juicio o un ataque a gobierno alguno, sino como una oportunidad para proteger a todas las personas contra las desapariciones forzadas, que es el propósito de la Convención”.

En este tema específico las organizaciones llamaron a que, en el marco del artículo 34 de la Convención para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, se formalicen “acuerdos de cooperación con el Comité contra la Desaparición Forzada y la Asamblea General de Naciones Unidas, estableciendo mecanismos extraordinarios independientes que informen de manera periódica a las partes para fortalecer las obligaciones del Estado en materia de prevención, atención y justicia para víctimas y garantizando el cumplimiento del artículo 34 de la Convención”.

Algunas de las organizaciones que firmaron el informe son Artículo 19 y México Evalúa.

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