La reciente muerte de cuatro agentes durante un operativo contra un laboratorio clandestino en Chihuahua, dos de ellos vinculados a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, ha desatado una polémica que trasciende el hecho mismo. Más allá del accidente, lo relevante es lo que este hecho revela: una discrepancia entre el discurso de la soberanía nacional y la necesidad de garantizar seguridad en el territorio mexicano.
No es un secreto que, desde hace décadas, agencias extranjeras han colaborado en tareas de inteligencia y combate al narcotráfico en México. Sin embargo, lo que ha sorprendido en esta ocasión es la reacción del gobierno federal, que ha reprobado enérgicamente la participación de estos elementos, señalando la falta de autorización para operar en el país. Este posicionamiento contrasta con una realidad que parece difícil de ocultar: la cooperación internacional en materia de seguridad existe, ha existido y, dadas las circunstancias actuales, resulta difícil no hacerlo.
El caso de Chihuahua también pone sobre la mesa una pregunta: ¿qué deben hacer las autoridades locales cuando el apoyo federal resulta insuficiente o no llega? El antecedente del asesinato del alcalde de Uruapan, quien solicitó reiteradamente ayuda ante la presión del crimen organizado sin obtener respuesta, ilustra las consecuencias de la inacción.
En contraste, la decisión de recurrir a apoyo externo, por parte de la gobernadora del estado de Chihuahua, Maru Campos Galván, del Partido Acción Nacional (PAN), aunque polémica, se interpreta como un intento desesperado por cumplir con la responsabilidad de proteger a la población.
Aquí radica el verdadero problema. Por un lado, la defensa de la soberanía es un principio legítimo e irrenunciable. Pero, por otro lado, la seguridad de los ciudadanos no puede quedar subordinada a un discurso que, en los hechos, no logra traducirse en protección efectiva. Un Estado que no garantiza la integridad de su población, difícilmente puede sostener con firmeza su autoridad sobre el territorio.
La crítica a las autoridades que buscan alternativas, incluso fuera del país, desvía la atención del problema central: la expansión del crimen organizado y la incapacidad de contenerlo. Resulta contradictorio señalar como “traición” la búsqueda de ayuda, cuando al mismo tiempo existen regiones donde la autoridad del Estado es débil o inexistente. No es soberano dejar que el crimen organizado tenga presencia en gran parte de México.
La colaboración internacional, lejos de ser una amenaza en sí misma, puede convertirse en una herramienta legítima si se establece bajo reglas claras, transparencia y respeto mutuo. México ya coopera con otros países en ámbitos económicos, comerciales y migratorios; pensar que la seguridad puede aislarse de esa dinámica global de cooperación, es poco realista.
La discusión no debería centrarse únicamente en quién participa en los operativos, sino en los resultados que estos generan para la ciudadanía. La verdadera fortaleza de un Estado no radica solo en su independencia formal, sino en su capacidad real para proteger a su gente. Nuestro país enfrenta hoy un reto que exige menos discurso y más acción, menos promesas y más resultados.
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