Con 35 votos a favor, el Congreso de Jalisco aprobó por unanimidad la ley para la atención, protección e inclusión de las personas que viven en el espectro autista del estado de Jalisco. La aprobación ocurrió en medio de críticas de colectivos de personas autistas y cuidadoras, quienes anunciaron que impugnarán la legislación.

Los colectivos Cuidadoras en Resistencia y Tapatías con Discapacidad difundieron un posicionamiento en el que acusaron que el Congreso simuló un proceso de participación sin realizar una consulta efectiva conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Las organizaciones señalaron que participaron en reuniones con las diputadas promoventes y entregaron observaciones técnicas y jurídicas, pero aseguraron que nunca recibieron una respuesta formal que explicara cuáles propuestas fueron aceptadas o rechazadas.

En su pronunciamiento afirmaron que "escuchar no equivale a consultar", al considerar que las reuniones no sustituyen una consulta previa, accesible, informada y de buena fe que permita a las personas con discapacidad incidir en las decisiones legislativas.

También expresaron preocupación por aspectos del contenido de la ley, como la centralidad otorgada al DIF Jalisco, y la falta, desde su perspectiva, de mecanismos efectivos de cumplimiento, presupuesto suficiente y mayores garantías para la vida independiente, la accesibilidad y la participación permanente de personas autistas en las políticas públicas.

Los colectivos adelantaron que analizarán el texto publicado y promoverán acciones jurídicas para impugnar la legislación si concluyen que persisten violaciones al derecho de consulta y disposiciones incompatibles con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Los principales cambios destacan la creación de una comisión intersectorial integrada por dependencias estatales, el DIF Jalisco, universidades y representantes de la sociedad civil, la cual coordinará las políticas públicas dirigidas a las personas autistas.

También contempla la creación de un registro estatal de personas con diagnóstico del espectro autista, administrado por el DIF Jalisco y la Secretaría de Salud estatal, con el propósito de generar información para el diseño y evaluación de programas públicos.

La legislación reconoce derechos en materia de salud, educación, trabajo, acceso a la justicia e inclusión social.

En salud establece la obligación de fortalecer la detección y el diagnóstico temprano, así como garantizar atención integral y especializada, mientras que en educación ordena impulsar ajustes razonables, capacitación permanente para docentes y acciones para eliminar barreras de aprendizaje y discriminación dentro de las escuelas.

En materia laboral prevé estrategias para fomentar la contratación de personas autistas, sensibilizar a empleadores y promover condiciones de trabajo incluyentes.

Otro de los ejes de la ley es la creación de una red estatal de centros públicos especializados, cuya operación estará a cargo del DIF Jalisco, así como un fondo de atención especializada, cuyos recursos deberán incluirse anualmente en el presupuesto de egresos del estado para financiar infraestructura, operación y capacitación de personal.

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