Después de que un tribunal colegiado ratificara la suspensión provisional otorgada a vecinos de Mirador de San Isidro que se oponen al proyecto habitacional del programa Legado, al gobierno del estado y el Instituto Jalisciense de la Vivienda (Ijalvi) se les dio un plazo de 24 horas para acatar la resolución y detener las obras en el predio.

El auto fue emitido el 31 de agosto por el juez cuarto de distrito en materia Administrativa en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, y notificado ayer. En el documento se señala que ya se incorporaron al expediente las resoluciones que dictó el Séptimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Tercer Circuito, con las que declaró “infundados” los recursos de queja. Como consecuencia, ordena que se requiera “a las autoridades responsables, para que dentro del término de veinticuatro horas, realicen las gestiones tendientes al cumplimiento de la suspensión provisional”.

Dicha suspensión fue otorgada el 20 de agosto pasado, dentro del amparo 1517/2026, por el juez federal. Uno de los efectos para los que fue concedida fue para que las cosas se mantengan en el estado que guardan, por lo que “las autoridades responsables deberán abstenerse de ejecutar, ordenar, autorizar materialmente, permitir o consentir que continúen nuevos trabajos de movimiento de tierras, remoción de capa vegetal, excavación o alteración topográfica” en el inmueble donde se pretende construir edificios de departamentos para policías.

En la resolución también se ordenó a las autoridades realizar “las gestiones necesarias para que, de manera directa o instruyendo al personal de inspección y vigilancia a su cargo, se constituyan en el predio antes mencionado para verificar el cese total de los trabajos relativos a dicho proyecto”.

La audiencia para determinar si se concede a los vecinos de Mirador de San Isidro la suspensión definitiva fue programada para este jueves 3 de septiembre.

El amparo fue presentado en contra de distintas autoridades, entre las que están el gobernador Pablo Lemus Navarro y otros funcionarios de su gabinete; el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie Saade; el director del Instituto Jalisciense de la Vivienda (Ijalvi), Guillermo Medrano Barba, así como el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) y el Congreso del Estado.

Ante la suspensión provisional que el juez federal concedió a los vecinos, el gobernador Pablo Lemus y el secretario de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, así como el Ijalvi promovieron recursos de queja, los cuales fueron desechados por el tribunal colegiado.

Titular del Ijalvi canceló mesa ante diputados; era hoy

El director del Instituto Jalisciense de la Vivienda (Ijalvi), Guillermo Medrano Barba, envió un oficio por escrito al Congreso local mediante el cual canceló una mesa de trabajo ante la Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión del Agua.

La presidenta de la comisión, Mariana Casillas Guerrero, recordó que la invitación a dialogar estaba prevista para este miércoles a las 10 horas; sin embargo, quedó suspendida. 

Al avalar la mesa de trabajo con el titular del Ijalvi, los legisladores buscaban pedirle detalles de proyectos como el que se impulsa en la colonia Mirador de San Isidro, el programa Mi Primera Renta, programa Legado, programa Mejoramiento de Vivienda, entre otros. 

Ya son varios los funcionarios estatales que se niegan a acudir al Congreso, entre ellos están el titular del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), Ismael Jáuregui Castañeda, quien tiene pendiente una cita ante el pleno para hablar sobre calidad del agua.

También está pendiente la comparecencia del gabinete estatal de seguridad sobre el hallazgo de un campamento de reclutamiento en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán. Ignacio Vega 

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