Hay una forma particularmente cruel de ejercer el poder: conseguir que una tragedia deje de escandalizar. Cuando una persona desaparece no solamente se pierde una vida de la mirada pública. También comienza una batalla contra el olvido.
La familia busca, pregunta, denuncia, recorre instituciones y espera. Con el paso del tiempo, la ausencia puede convertirse en expediente, número, estadística. Y cuando eso sucede, la sociedad corre el riesgo de acostumbrarse a lo inadmisible.
Las páginas de distintos periódicos ofrecen una fotografía inquietante de México. La agenda no está dominada exclusivamente por la confrontación política.
Aparecen, una y otra vez, los problemas que entran directamente en las casas: inseguridad, desapariciones, educación, regreso a clases, economía familiar, migración, salud y oportunidades para los jóvenes.
Es significativa la manera en que algunos medios están contando las desapariciones. El foco comienza a desplazarse. Ya no se trata solamente de policías, carpetas de investigación o estadísticas. Aparecen las familias, los territorios, las rutas, el reclutamiento criminal, las instituciones y las responsabilidades.
Ese cambio importa porque también modifica la percepción social del problema. Desde la psicología del poder sabemos que controlar la percepción de una realidad es una forma de poder.
Cuando el miedo se vuelve cotidiano puede producir resignación. Cuando la violencia y el incremento de los desaparecidos se repiten hasta convertirse en paisaje, las personas comienzan a desarrollar mecanismos de adaptación: “Es terrible, pero así son las cosas”. Ése es el mayor de los peligros.
Una sociedad que se acostumbra al dolor pierde capacidad para reaccionar ante él. Por eso cada desaparecido debe recuperar su nombre. No es una cifra. Es una persona con familia, amigos, proyectos, recuerdos y una vida que alguien está esperando recuperar.
La relación entre juventud, reclutamiento criminal, violencia y desapariciones debería obligarnos a mirar más allá de la respuesta policial. Las redes criminales no solamente ofrecen dinero, también ofrecen pertenencia, identidad, reconocimiento y una sensación de poder a jóvenes que sienten que la sociedad no les ofrece ninguna de esas cosas.
¿Cuántos desaparecidos tenemos? Y ¿qué estamos haciendo para que nadie más desaparezca?
El desafío no es saber cuántas personas han desaparecido. Es impedir que desaparezca también nuestra capacidad de indignarnos. Una sociedad empieza a recuperar la esperanza cuando deja de mirar el dolor como una estadística y vuelve a reconocer en cada número a una persona.
Las celebraciones realizadas en Guadalajara con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, promovidas también desde la Iglesia católica, tienen una dimensión que merece ser observada desde la perspectiva ciudadana: la capacidad de una comunidad para reunirse alrededor del dolor de quienes buscan a un familiar.
Más allá de la dimensión religiosa de estas celebraciones, existe un significado profundamente social. Cuando cientos o miles de personas se reúnen para recordar a quienes no están, las familias dejan de sentirse solas. La ausencia deja de ser un asunto privado y se convierte en una preocupación colectiva.
En una sociedad marcada por la violencia, este acompañamiento tiene un valor especial. No resuelve una desaparición, no sustituye una investigación y tampoco libera a las autoridades de su responsabilidad. Pero sí contribuye a algo indispensable: mantener viva la memoria y evitar que el tiempo convierta a las víctimas en simples cifras.
Buscar a una persona desaparecida no es un favor ni un acto de buena voluntad gubernamental; es una obligación del Estado y un derecho de las familias. Una sociedad democrática no puede acostumbrarse a las ausencias.
Puede tener distintas maneras de expresar su solidaridad –una oración, una marcha, una protesta, una organización vecinal o simplemente acompañar a una familia–, pero todas parten de la convicción de que nadie debería tener que buscar solo a los suyos.
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