Hoy la discusión sobre los derechos de las audiencias se centra en cómo garantizar que quienes escuchan, leen o ven contenidos en los medios reciban información responsable, plural y de calidad, sin convertir esa necesidad en un mecanismo de control sobre la libertad de expresión.
Los resultados de la consulta pública realizada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones ofrecen elementos que merecen ser analizados con atención. De acuerdo con el análisis de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, durante los 26 días que permaneció abierta la consulta, se recibieron 8 mil 889 comentarios y 271 documentos, que en conjunto representaron más de 1.7 millones de palabras analizadas.
El dato que sobresale es contundente: 82.2 por ciento de los participantes se manifestó en contra de la propuesta, mientras que 9.7 por ciento la respaldó, 6.1 por ciento expresó una posición matizada y 2 por ciento no asumió una postura.
¿Qué preocupa a las personas que participaron en la consulta? La principal situación que preocupa es el que una autoridad administrativa pueda intervenir sobre contenidos que ya fueron publicados.
El 66 por ciento de las respuestas señaló como preocupación la censura o la afectación a la libertad de expresión. Se cuestiona la posibilidad de ordenar la rectificación o modificación de contenidos mediante procedimientos administrativos.
Hay una segunda preocupación en las audiencias: ¿quién debe decidir qué puede ver, escuchar o considerar válido una audiencia? Más de tres mil comentarios sostienen que el ciudadano tiene capacidad para formar su propio criterio y elegir los contenidos que consume.
También en los resultados aparece una pregunta fundamental: si una autoridad debe determinar qué información es verdadera o falsa, ¿quién vigila a quien asume el papel de árbitro de la verdad? El 24.6 por ciento planteó este riesgo.
También se suma la preocupación de que la comisión encargada de resolver las quejas dependa del Poder Ejecutivo, generando una situación de juez y parte.
Pero también existe otro rostro de la discusión que no se debe ignorar. Uno de cada diez participantes respaldó la propuesta porque considera que actualmente no existe una vía suficientemente concreta para reclamar ante información que considere falsa o poco plural. Otros más cuestionan la concentración del poder mediático y consideran necesaria una mayor responsabilidad de los medios.
Por eso, el debate no debería reducirse a una disyuntiva entre libertad de expresión y derechos de las audiencias. Una sociedad democrática necesita las dos cosas.
Proteger a las audiencias significa garantizar su derecho a información plural, responsable y accesible. Proteger la libertad de expresión significa impedir que, bajo la bandera de combatir la desinformación, cualquier gobierno pueda terminar determinando qué puede decirse, qué debe corregirse o qué opinión resulta aceptable.
La consulta pública deja un mensaje que las autoridades deberían escuchar: los ciudadanos quieren derechos, pero también quieren conservar su libertad de pensar, discernir y decidir por sí mismos.
La mejor regulación será aquella que fortalezca la responsabilidad de los medios sin convertir al Estado en dueño de la verdad. En una democracia madura, la audiencia no necesita que alguien piense por ella: necesita contar con libertad, pluralidad y herramientas para pensar por sí misma.
La postura de la iglesia en México sobre este tema se fundamenta en que la verdad no se decreta: ninguna autoridad administrativa puede erigirse como “calificadora de la verdad”, y someter la información a criterios oficiales de veracidad condiciona el trabajo periodístico y debilita el debate libre y plural propio de una democracia.
Con la regulación administrativa, los Códigos de Ética de los medios pierden sentido y autonomía cuando quedan sujetos a una validación o revisión permanente por parte del Estado.
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