El pasado 15 de septiembre, mientras México conmemoraba un aniversario más del inicio de su Independencia, fue asesinado el sacerdote Román de la Cruz Hernández, de 48 años, perteneciente a la Diócesis de Huejutla, Hidalgo. Su cuerpo fue localizado en una carretera de la huasteca hidalguense.
El padre Román era párroco de Santa Cruz y coordinador de la Pastoral Profética de su diócesis. Su muerte ha provocado consternación entre la comunidad católica y llevó a la Conferencia del Episcopado Mexicano y a la Diócesis de Huejutla a solicitar una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y hacer justicia.
Las autoridades abrieron una carpeta de investigación del homicidio. De acuerdo con la información difundida sobre las primeras diligencias, el sacerdote presentaba lesiones provocadas por disparos de arma de fuego. En el lugar fueron localizados también otros indicios que forman parte de la investigación.
El sociólogo noruego Johan Galtung, uno de los principales estudiosos de la paz y los conflictos, desarrolló el concepto de violencia cultural: aquellas ideas, valores, lenguajes y prácticas que pueden llegar a legitimar la violencia o hacer que determinadas formas de agresión parezcan normales, inevitables o incluso justificables.
La muerte puede dejar de ser una ruptura de la normalidad para convertirse en parte de la normalidad.
Investigaciones realizadas en México han retomado precisamente el planteamiento de Galtung para estudiar cómo la violencia puede llegar a invisibilizarse y normalizarse, produciendo incluso indiferencia social.
No significa que las personas hayan dejado de tener sentimientos. Significa algo más profundo: que la repetición puede disminuir nuestra capacidad de reacción.
Cuando una sociedad comienza a mirar las muertes solamente como estadísticas, corre el riesgo de perder de vista que cada víctima tenía nombre, historia, vínculos, proyectos y personas que la esperaban de regreso.
Por eso, el problema no es solamente cuántas personas han sido asesinadas. También debemos preguntarnos qué está ocurriendo con nuestra capacidad colectiva para indignarnos, exigir justicia y no aceptar la violencia como destino inevitable.
La normalización social de la muerte es una victoria silenciosa de la violencia.
El Centro Católico Multimedial ha documentado que, con el asesinato del padre Román, suman cuatro sacerdotes asesinados en el periodo 2024-2026. Antes fueron los sacerdotes Marcelo Pérez Pérez, Bertoldo Pantaleón Estrada y Ernesto Baltazar Hernández Vilchis.
De acuerdo con el mismo recuento, entre 2018 y 2024 fueron asesinados diez sacerdotes. En el periodo 2024-2026 se contabilizan cuatro, alrededor de dos por año. El padre Omar Sotelo, del Centro Católico Multimedial, ha advertido sobre la situación de inseguridad que enfrentan sacerdotes y agentes de pastoral en diferentes regiones del país, y ha señalado que el nivel de impunidad en los asesinatos de sacerdotes, se estima en alrededor de 80 por ciento.
Resulta evidente es que la violencia continúa alcanzando a quienes desarrollan su trabajo en las comunidades.
El asesinato de un sacerdote no debe ser visto como un problema exclusivamente de la Iglesia católica. Desde una perspectiva ciudadana, es el asesinato de una persona en una sociedad que tiene la obligación de proteger la vida y garantizar el Estado de derecho.
El llamado de la Diócesis de Huejutla a evitar especulaciones y permitir que las autoridades investiguen debe ser tomado también como una lección de responsabilidad pública. En momentos de indignación, las redes sociales pueden convertirse rápidamente en espacios para acusar, señalar y construir versiones sin pruebas.
El país necesita recuperar el valor de la vida humana. Si la sociedad deja de indignarse ante un asesinato, la violencia además de quitar una vida, con la impunidad podemos creer que ya no vale la pena reaccionar. No permitamos que la impunidad termine convirtiéndose en costumbre.
Una sociedad democrática no se mide solamente por sus leyes, sus instituciones o sus elecciones. También se mide por la capacidad que tiene para defender la vida de quienes la integran.
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