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Personas desplazadas y solidaridad

La Encuesta Intercensal 2025 del Inegi reportó que 509 mil 900 hogares mexicanos tuvieron al menos un integrante obligado a cambiar de residencia por violencia o inseguridad. En Jalisco, la cifra supera las 107 mil personas.

La encuesta del Inegi pregunta si algún integrante del hogar tuvo que cambiar de residencia por violencia o inseguridad.

En el Área Metropolitana de Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga registró el mayor número de personas desplazadas por violencia o inseguridad: 19 mil 833, equivalentes a 2.27 por ciento de su población.

Le siguieron Ixtlahuacán de los Membrillos, El Salto, San Pedro Tlaquepaque, Guadalajara, Tonalá, Zapopan y Juanacatlán. En términos porcentuales, Huejúcar reportó 452 personas desplazadas, equivalentes a 7.37 por ciento de sus habitantes, mientras que Santa María del Oro registró 47, que representan 3.93 por ciento.

Solamente dos de los 125 municipios jaliscienses –Cuquío y Tonaya– no reportaron desplazamiento forzado durante el periodo que reporta el Inegi.

El desplazamiento no siempre ocurre cuando una comunidad entera abandona su territorio. Sucede gradualmente, cuando familias amenazadas salen por separado y buscan refugio con parientes o conocidos. Es el llamado desplazamiento por goteo, difícil de identificar porque no siempre produce éxodos multitudinarios ni ocupa los titulares.

Una familia desplazada necesita vivienda, empleo, escuela para sus hijos y atención médica. También debe resolver trámites y reconstruir sus redes de confianza. Si ninguna institución reconoce las circunstancias que la obligaron a salir, cada dependencia puede atenderla como si únicamente hubiera cambiado de domicilio.

¿Qué actitud debemos asumir ante las personas que han tenido que abandonar sus hogares por la violencia? La primera es la empatía, al comprender que nadie deja voluntariamente su casa, sus pertenencias y sus afectos cuando hacerlo significa perder seguridad y estabilidad.

En Jalisco, el desplazamiento interno puede relacionarse con tres causas que podemos reconocer.

1. La disputa territorial del crimen organizado. Los enfrentamientos entre grupos criminales, las amenazas y el control de comunidades pueden obligar a familias enteras a salir de sus localidades para proteger su vida. Casos documentados en regiones de Jalisco muestran cómo la violencia puede acompañarse de despojo y abandono de propiedades.

2. Las amenazas, la extorsión y la inseguridad. Cuando una familia recibe intimidaciones, sufre presiones para abandonar su vivienda o teme por la integridad de sus integrantes, el cambiar de residencia es una medida de supervivencia. No siempre se desplaza una comunidad completa: muchas veces las personas huyen discretamente.

3. Los desastres naturales. Inundaciones, deslaves y otros fenómenos pueden destruir viviendas y dejar a las familias sin condiciones para permanecer en sus comunidades. Aunque esta causa es distinta de la violencia, también puede provocar desarraigo y pérdida del patrimonio.

Como ciudadanos, debemos evitar la discriminación, prejuicios y preguntas que revictimizan. Podemos ofrecer orientación, apoyo solidario, oportunidades laborales y ayuda para encontrar servicios básicos, respetando siempre la privacidad de quienes llegan.

La persona desplazada no es una amenaza ni una carga: es alguien que necesita recuperar su dignidad y sus derechos. La solidaridad comienza cuando dejamos de juzgar su llegada y nos preguntamos cómo podemos ayudar.

Una iniciativa de Ley General sobre Desplazamiento Forzado Interno fue aprobada por la Cámara de Diputados en septiembre de 2020, no se convirtió en una ley federal especializada vigente. Sin un marco integral, resulta más difícil establecer responsabilidades claras en materia de prevención, asistencia, restitución de derechos y soluciones duraderas.

La preocupación actual no es cuántas familias han tenido que huir, sino qué encuentran cuando tocan la puerta de una autoridad. Contar a los desplazados es indispensable; reconocerlos y protegerlos es una obligación. Nadie debería perder sus derechos por haber tenido que abandonar su hogar para salvar la vida.

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jl/I

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