El gobernador tiene un problema con las responsabilidades. En una entrevista con Salvador Camarena, en Radio ITESO, Pablo Lemus explicó que su pensamiento empresarial lo lleva a mirar hacia adelante, en lugar de investigar las causas de la crisis del agua. “Imagínate si yo estuviera concentrado ahora en estar buscando responsables y no estar viendo hacia el futuro”, dijo.
Pero hasta las empresas hacen auditorías para entender qué salió mal. Uno entiende que Lemus no quiera señalar a su antecesor, porque ambos llegaron al poder desde una visión empresarial de la política. Sin embargo, esa afinidad no debería convertirse en moneda de cambio para garantizar impunidad.
Aquella visita al ITESO anticipó la crisis que estallaría días después. Las y los estudiantes lo confrontaron por el agua contaminada. Luego vinieron las manifestaciones, la represión y las detenciones injustificadas. Seguimos atorados en saber quién quemó las puertas el domingo, mientras olvidamos lo importante: el agua no se ensucia sola.
Si el gobierno pide mirar adelante, debe explicar cómo llegamos aquí. El gobernador anuncia inversión privada para construir acueductos, pero evita responder quiénes han explotado el agua, quiénes la contaminaron y qué autoridades lo permitieron.
Hay investigaciones, registros públicos y reportes de algunas descargas. Gracias a periodistas como Violeta Meléndez, Agustín del Castillo y José Toral; investigadores como Arturo Gleason, Juan Pablo Macías y José Daniel Sánchez Tapetillo; además del trabajo de organizaciones como Un Salto de Vida e Imdec, hoy podemos poner nombres y cifras a una crisis presentada como un problema de infraestructura.
Los datos disponibles son contundentes. En marzo de 2024, Jalisco tenía concesionados 2 mil 619 millones de metros cúbicos de agua subterránea. Sus acuíferos regeneran anualmente unos 2 mil 352 millones. Gastamos más agua de la que se recupera.
El 86 por ciento del volumen de agua estaba en manos privadas. Apenas 21 titulares concentraban el 10 por ciento. Entre los grandes usuarios aparecen inmobiliarias y agroindustrias. También son grandes acaparadores las refresqueras y cerveceras.
Urbi Construcciones del Pacífico encabezaba la lista privada con 15.6 millones de metros cúbicos anuales; Ejido Galeras Blancas tenía 8.4 millones; NatureSweet Invernaderos, 7.5 millones; y Gena Agropecuaria, 5.8 millones.
La contaminación tiene otros registros. Zoltek reportó históricamente 16.5 toneladas de contaminantes; Casa Cuervo, 9.9. También figuran Celanese, Hilasal, Quimikao, Hershey y Honda. Esa era la lista negra en 2024.
¿Dónde están los datos recientes? Consulté la información, pero no encontré nada. Desde hace dos años parece que este gobierno decidió no inspeccionar nada. O por lo menos, no hacerlo público. ¿Cuántas empresas fueron sancionadas o siguen incumpliendo? ¿Hay alguien que responda?
Ayer, Lemus convocó a un consejo consultivo con empresarios, académicos y representantes sociales. Pero no invitó a nadie de los anteriormente mencionados. ¿Sí quieren debatir soluciones o sólo validar decisiones?
Las universidades también han ofrecido especialistas, pero podrían hacer más: monitoreos públicos, investigaciones y resultados vinculantes con política pública. No basta con ocupar una silla. Además, los empresarios necesitan agua, pero sus intereses no pueden desplazar el derecho colectivo al agua limpia.
Volvamos a esa escena en el ITESO. Si Lemus prefirió dejar las responsabilidades para después, hoy toca dar respuestas sobre quiénes contaminan, acaparan y permiten la impunidad. No se puede construir el futuro al estilo Jalisco sobre una crisis cuyos responsables nadie quiere investigar.
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