Se llama Ernesto Santana Bracamontes y ha sido elegido para presidir el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Es un perfil poco conocido en Jalisco: abogado por la Universidad de Guadalajara, con dos maestrías y una carrera forjada principalmente en el ámbito electoral desde los tribunales. Hasta ahí llega lo que la mayoría conocemos de él.
Lo que sí sabemos es que se acaba de sacar la rifa del tigre. El próximo primero de octubre deberá conducir un organismo golpeado por las controversias del último proceso electoral y que, antes de pensar en 2027, tendrá que resolver algunas cuentas pendientes.
La semana pasada, el periodista Jonathan Lomelí entrevistó en ‘Perspectivas’, de Canal 44, a Guillermo Alcaraz Cross, presidente del árbitro electoral durante los procesos de 2015, 2018 y 2021. Llamó la atención que, tras más de dos décadas de trayectoria en la institución, el ex presidente no dudó en señalar que, a su juicio, existían condiciones suficientes para anular y repetir la elección en Guadalajara.
Las observaciones de Alcaraz resultan sumamente reveladoras. En su análisis, detalló los errores que habrían podido prevenirse mediante una mejor planeación técnica y una oportuna anticipación de escenarios. Hizo hincapié en un punto central: los errores sí pudieron evitarse.
La relevancia de sus palabras radica en que no provienen de un candidato inconforme ni de un partido político derrotado, sino de una figura que conoce a detalle la vida interna del instituto, pues tuvo esa responsabilidad a lo largo de tres procesos electorales.
El ex funcionario señala que, en casos así, si la contienda ya venía cerrada, la presión política de agentes externos tampoco abonó a la certeza. El IEPC debió anticiparse, evitar reacciones desproporcionadas y, al mismo tiempo, meter en cintura a los partidos. En una elección competida, el árbitro no puede comenzar a prepararse para la tormenta cuando ya está lloviendo.
Ernesto Santana asumirá funciones este jueves. En el arranque, sus colegas consejeros han advertido que no cuentan con presupuesto suficiente para las tareas preparatorias de la elección de 2027. Pero, como cuestionó con ironía Rogelio Campos, resulta difícil hablar de austeridad mientras se permiten cuantiosas indemnizaciones como la que se le dio al secretario ejecutivo ¿Por qué los consejeros han hecho mutis ante esos descalabros?
Ayer, durante las discusiones del Consejo General del INE, los representantes de los partidos denunciaron presiones políticas sobre los árbitros electorales locales. En Jalisco, la integración de la estructura electoral tampoco ha estado libre de cuestionamientos: entre los perfiles propuestos para ocupar cargos en el IEPC figuran personas con antecedentes partidistas y vínculos con el gobierno estatal.
Eso debería encender las alertas. No porque haber trabajado en un gobierno o participado anteriormente en un partido invalide automáticamente a una persona, sino porque un organismo electoral está obligado a cuidar su independencia.
Ese será quizá el principal desafío de Santana: reconstruir la confianza. Un árbitro electoral pierde autoridad cuando los partidos o los gobiernos hacen sombra sobre sus decisiones.
Al nuevo presidente le tocará zarandear al instituto y marcar distancia frente a los intereses que han zopilotedo el IEPC. Ernesto Santana se sacó la rifa del tigre, toca ver para qué le alcanza.
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