En sus recientes comunicados sobre las manifestaciones del 11 y 18 de octubre en Guadalajara, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha revelado información que pondría los focos rojos en Jalisco. Uno, que durante la represión a quienes protestaron frente a Casa Jalisco, los jóvenes con el rostro cubierto que generaron violencia se “acreditó” que estaban coordinados “directamente” con “las autoridades policiales”. ¿Cuáles son esas “autoridades policiales”? El organismo no ha mostrado las evidencias, pero de entrada tendrían que estarlo investigando los tres niveles de gobierno.
Segundo, la CNDH pone énfasis en que se investigue a los “infiltrados”, entrecomillada la palabra en los comunicados. Este grupo, que el gobierno estatal consideró eran alrededor de 400, el 11 de octubre, y luego que 300, el 18 de octubre, llama la atención porque ha participado con actos violentos en otras manifestaciones. Las policías detuvieron a unos cuantos, apenas entre dos y tres por ciento, lo cual es sospechoso.
Se trata de jóvenes, entre ellos menores de edad, que actuaron en equipos que vandalizaron y enfrentaron a los policías. ¿Quiénes les daban órdenes?, ¿qué beneficios obtuvieron?, ¿quién los financió?, ¿sus vínculos llegan hasta el crimen organizado, que adiestra a sus miembros en actos violentos?
Tercero, el organismo encontró “inconsistencias y contradicciones” en el proceso penal en contra de los cuatro detenidos el 11 de octubre. Además, en las entrevistas halló que manifestantes fueron gravemente lesionados, con afectaciones físicas y psicológicas. La CNDH informó de un caso de crueldad extrema cometido por policías estatales: un estudiante de derecho tiene fractura en las cervicales, lo que pone en riesgo su vida.
Menciono solo tres puntos, pero los comunicados exponen más. Desde el primer reporte parcial el organismo nacional reveló un panorama de las crueldades cometidas por funcionarios y elementos municipales y estatales contra manifestantes, el pasado 11 de octubre.
La información de la CNDH muestra que la represión no fue un acto espontáneo ocurrido ese día, sino que se trató de un operativo planeado.
El operativo oficial se combinó con la respuesta que quienes gobiernan habitualmente dan a manifestaciones que consideran políticamente riesgosas, que movilizan a diferentes dependencias relacionadas con la seguridad pública. El colmo de la impunidad y opacidad es que ni siquiera ha dicho el gobierno estatal quién encabezó los operativos y quién ordenó la embestida contra manifestantes.
Para las autoridades, los que protestaron fueron convertidos no en ciudadanos ejerciendo pacíficamente sus derechos a manifestarse y protestar, sino adversarios que se concibió preciso agredir y castigar, reportó la CNDH.
El 13 de octubre la CNDH ejerció su facultad de atracción para investigar lo sucedido dos días antes, en los que personas defensoras de derechos humanos y activistas se manifestaban y fueron víctimas de represión por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco. Desde ese día la comisión investiga.
Hay coincidencias en los relatos de que fueron detenciones arbitrarias; de la participación coordinada de policías estatales y municipales, y bomberos; de agentes de civil en las detenciones, y de graves omisiones en la atención de personas heridas por parte de paramédicos de las cruces Roja y Verde, y personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ).
Los testimonios apuntan a que Casa Jalisco funcionó como centro de operación el 11 de octubre.
El gobierno estatal debe a la ciudadanía muchas explicaciones. Si llega a suspender a un funcionario, no será suficiente. Son graves los señalamientos hechos por la CNDH.
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