Por donde se analice, la respuesta de la policía estatal del gobierno de Jalisco a la manifestación del pasado domingo fue represiva, autoritaria, contra la ley. A la expresión pacífica de quienes marcharon juntos para demandar que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) entregue agua limpia, se respondió con la violencia salvaje de uniformados y agentes de civil, justo frente a Casa Jalisco y sus inmediaciones.
Durante décadas no se habían registrado afuera de la residencia oficial ni lanzamientos de gases lacrimógenos que envenenaron el ambiente y a la multitud, ni chorros de agua a presión contra quienes ejercían su derecho a protestar. Y, por si fuera poco, las mangueras para lastimar y dispersar a los manifestantes fueron manejadas por elementos de Bomberos y Protección Civil de Guadalajara. Hay fotografías y testimonios.
Sí participó en las agresiones a policías un pequeño grupo de encapuchados. Pero llama la atención que ninguno fue detenido, pese a que actuaron frente a las narices de los uniformados. En cambio, fueron apresadas 39 personas a las que golpearon, incomunicaron, torturaron, sin un proceso legal justo.
Los manifestantes del domingo son jóvenes, familias completas, adultos mayores, incluso madres con hijos en brazos o de la mano. Mostraron carteles demandando agua limpia, tras meses de recibir porquería líquida. Los testimonios, los videos y los antecedentes de cómo suele actuar la policía contra manifestaciones confirmaron que no ha cambiado su forma de actuar. Protestar lo convirtió el gobierno estatal, en esas horas, en un delito.
Los uniformados patearon, arrastraron, golpearon, amenazaron a quienes detenían. Los metieron a la fuerza a Casa Jalisco. Sin registrarlos de inmediato como ordena la ley, obstaculizando a los abogados defensores. A los siete jóvenes trasladados al centro penitenciario de Puente Grande los humillaron y los exhibieron públicamente, como si fueran delincuentes.
Las movilizaciones para protestar contra la infamia continuaron ayer. Estudiantes y familiares bloquearon avenidas metropolitanas y organizaron protestas hasta lograr la liberación de los últimos siete detenidos. La solidaridad de los jóvenes es encomiable. Aunque continuará el proceso en contra de los acusados.
Agrupaciones, instituciones y algunos medios callaron, no denunciaron, no investigaron en los tres días. Solo hicieron eco a las primeras versiones oficiales.
Las imágenes y los testimonios de la represión circularon profusamente. Universidades, organismos nacionales e internacionales, defensores de derechos humanos, colectivos como el Cepad, estuvieron en primera línea acompañando a las víctimas.
Finalmente, el gobernador Pablo Lemus Navarro reconoció, a través de un video, que en el operativo policial del domingo se cometieron graves errores y deficiencias, que deben ser investigados y sancionados, que hubo uso excesivo de la fuerza y detenciones injustas. Admitió que a las personas nunca debieron echarles ni agua, ni gas, ni debieron quedar expuestas a la violencia.
Su círculo cercano lo mal informó y lo mal asesoró. Fue necesario que Lemus Navarro, como reveló, observara personalmente los videos para confirmar el malestar y las violaciones a los derechos humanos cometidas por sus corporaciones policiales.
Además de investigar y aplicar sanciones, como aseguró el gobernador se hará, quedó evidenciado nuevamente cómo opera el sistema de seguridad pública: pisoteando la ley, violando derechos humanos, abusando de los detenidos. Urgen cambios a fondo. Para no repetir lo que hicieron los antecesores, como Enrique Alfaro.
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