En México pueden ser desaparecidos 43 estudiantes de una escuela normal, la de Ayotzinapa; detenerse a más de 150 personas presuntamente involucradas; exhibirse una telaraña de complicidades de militares (entre ellos un general y un capitán), policías de distintas corporaciones, miembros del crimen organizado; un ex gobernador, un ex alcalde, un ex procurador General de la República, y dueños de negocios vinculados a una línea de investigación, y continuar sin saberse el paradero de los jóvenes.
En México la desaparición de los alumnos del plantel ha sido investigada en tres sexenios presidenciales; dos parciales y uno completo; con gobiernos surgidos, uno del PRI, y dos de Morena; con mandatarios federales, dos varones y una presidenta, que han reiterado que serán localizados cada uno y que habrá justicia, sin que hasta la fecha se conozca dónde están.
En México puede constituirse una Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Iguala; cambiar tres ocasiones al fiscal titular de la unidad, con acusaciones a uno de presuntas corruptelas y falta de avances en las investigaciones, por lo que fue removido, y la dimisión de otro por marcadas diferencias con la cúpula de la Procuraduría y luego Fiscalía General de la República, y aún no saberse qué sucedió con quienes estudiaban para ser profesores.
En México un gobernador en funciones puede ordenar a funcionarios que los videos que captaron la desaparición de los 43 estudiantes sean destruidos, incluida como si fuera su empleada la titular del Poder Judicial del Estado, y ser detenido bajo la presunción de ese delito, más de una década después; y que al ex alcalde en que ocurrió todo se le vincule a la delincuencia organizada que participó en la desaparición colectiva en una noche en que tres estudiantes y tres personas ajenas fueron asesinadas.
En México un fiscal General de la República puede construir una supuesta “verdad histórica” de la desaparición de los normalistas, para luego ser desmentido por expertos internacionales, por tratarse de un montaje armado desde el Estado mismo que buscaba dar carpetazo y no encontrar la verdad del horror de lo sucedido el 26 y 27 de septiembre de 2014. Y una oficialista Comisión Nacional de Derechos Humanos que emite una criticada recomendación que revictimiza y es afín al poder en turno.
En México las familias de personas desaparecidas, como los 43 normalistas, pueden organizar cientos de conferencias de prensa y dar entrevistas para denunciar la falta de justicia; manifestarse cada mes y cuantas veces sea necesario; participar en foros, plantarse frente a cualquier otra oficina gubernamental; ser ofendidas o recibidas desde Palacio Nacional, y siguen sufriendo la violencia institucional.
En México no hay poder alguno, ni presidencial, que obligue a la Secretaría de la Defensa Nacional a que entregue la totalidad de los documentos en su poder sobre lo ocurrido en la noche de Iguala, como han demandado expertos internacionales y las familias; ni se reconoce ni se aclaran la participación de un militar infiltrado en la escuela normalista, que también fue desaparecido.
En México el gobierno federal puede acordar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos crear un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que apoyara científicamente, para luego las propias autoridades mexicanas bloquearlo institucionalmente, no generarle condiciones adecuadas para que trabajara, hostigarlo, negarse a entregarle información clave y buscar desacreditarlo.
En México las mentiras del Estado, el encubrimiento sistemático, la perfidia institucional, los intereses políticos y las redes de complicidades, se observan con nitidez en la falta de verdad y justicia sobre las víctimas de Ayotzinapa. La impunidad apunta a ser garantizada.
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