En un jardín de niños y niñas de Guadalajara, en la clase sobre la identidad familiar, a los pequeños se les pidió que dibujaran en un papel a qué se dedicaba su papá. Uno trazó con palitos y bolitas lo que representaba a su padre y, a un lado, una silla con otra persona. Explicó que era una de las que “cuidaba” su progenitor, sentada y amarrada. Su madre les llevaba comida y el niño, agua. Las maestras dedujeron que era casa de seguridad de un grupo delictivo, en la que mantenían personas secuestradas y asesinadas. El miedo cimbró a las profesoras. Sabían que ellas también corrían peligro.
Un profesor de secundaria de Zapopan me confió: en su plantel ha quitado a los adolescentes desde navajas hasta manoplas. Ha evitado pleitos entre alumnos, que pueden derivar en enfrentamientos colectivos. En ocasiones, fuera del plantel, los estudiantes se agarran a moquetes por cualquier diferencia. Las pandillas y distribuidores de droga acechan la escuela. Cuando conoces a los padres, entiendes por qué los jovencitos son violentos, me dice. Los docentes imparten clases en contextos de alto riesgo.
Las recientes agresiones a profesores y alumnos en escuelas de Torreón, Coahuila, y en Querétaro, encendieron las alarmas en el sector educativo. Una profesora asesinada y siete de la comunidad heridas, el saldo. La violencia está afuera y dentro de los planteles, sea entre alumnos, estudiantes contra profesores o grupos externos. Que también cimbra a las preparatorias, como sucedió el 25 de marzo de este año, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, al ser asesinadas las maestras María del Rosario Sagrero y Tatiana Bedolla.
La Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) tiene protocolos que indican cómo actuar ante situaciones de violencia interna y externa. Entre otros mecanismos, cuenta con los comités de convivencia escolar, de los que poco se sabe y qué resultados obtienen. También se dispone de información sobre la violencia escolar en el sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (Mide) Jalisco, aunque no ofrece datos de las agresiones cometidas en las escuelas contra personal docente.
En el caso específico de las agresiones contra profesores, hay rutas legales en las que interviene el sindicato. Solo que la SEJ tampoco publica un indicador abierto, respetando la privacidad, para conocer cuántos trabajadores de la educación son atacados por alumnos y/o padres de familia. Todo queda en actas administrativas o, en situaciones graves, en denuncia penal ante la Fiscalía del Estado. Hacer lo segundo implica riesgos para las víctimas cuando los agresores están vinculados a un grupo delictivo o policías “amigos”.
Como no se registran públicamente las cifras de las agresiones contra los profesores, la SEJ invisibiliza y minimiza la problemática. Quedan como casos aislados y riesgos laborales, sin ahondar en el fenómeno, ni establecer políticas públicas preventivas que protejan a los docentes, incluidas las denuncias falsas en su contra, una forma de violencia ocultada. En el gremio se sabe de docentes dados de baja tras ser acusados mentirosamente, como sucedió con un profesor de educación física, revelan.
La llamada ‘Ley Tere’, en referencia al caso de una profesora de Querétaro acusada falsamente, la han impulsado legisladores locales en al menos seis entidades. En Jalisco, no. El Congreso del Estado tiene una iniciativa de la diputada María del Refugio Camarena Jáuregui de cambios a la Ley de Educación de la entidad.
Las escuelas dejaron de ser espacios que protegen a estudiantes y profesores.
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