El caso del Rancho Izaguirre, de Teuchitlán, es un ejemplo paradigmático de cómo han actuado las autoridades de los tres niveles de gobierno cuando se trata de las desapariciones, reclutamientos o asesinato de jóvenes. A la violencia de un grupo criminal se ha respondido con la violencia institucional a las víctimas directas e indirectas. Las investigaciones recién avanzaron solo gracias a la movilización, sacrificios, búsquedas, hallazgos y denuncias de colectivos de familias con personas desaparecidas, el apoyo de organismos ciudadanos defensores de derechos humanos, la difusión de medios informativos, y ahora la presión internacional, a través del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés).
En el informe del CED, con el que solicitó llevar la situación de desapariciones en México, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General la ONU, se pone atención al Rancho Izaguirre. El documento menciona que, a manera de ejemplo, la Federación Internacional de Derechos Humanos argumenta que “el profundo fracaso” de las autoridades locales en la investigación de lo ocurrido en el Rancho Izaguirre, demostrado por el hecho de que se permitió la existencia del sitio sin investigar durante años y que, incluso una vez que fue incautado por las autoridades locales, “la investigación no logró identificar las fosas clandestinas ni a los perpetradores hasta que las colectividades de víctimas sacaron a la luz estos temas”, así como la detención de dos ex policías, sugiere que el ‘Cártel Jalisco Nueva Generación’ “probablemente actuó con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de al menos algunas autoridades estatales”.
Añade que la participación de ex policías en el reclutamiento por parte del ‘CJGN’ en el Rancho Izaguirre “sugiere además el posible apoyo o aquiescencia de ciertas autoridades estatales”. Más globalmente, indica, Amnistía Internacional señala que “la narrativa de las autoridades mexicanas ante el escrutinio internacional consiste en afirmar que las desapariciones que ocurren en México son llevadas a cabo por parte del crimen organizado. Si bien dicha afirmación es parcialmente correcta, existe una simplificación del fenómeno de desapariciones en el país que ignora que en muchos de estos casos el crimen organizado opera con la autorización, apoyo o aquiescencia de las autoridades”.
En el caso del Rancho Izaguirre la Guardia Nacional reportó desde 2019 el hallazgo en la misma zona de una finca con cuerpos calcinados, desperdigados entre sembradíos de maíz. En marzo de 2025 el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco (GBJ) destapó lo que ahí ocurría. La Fiscalía General de la República (FGR), en voz de su entonces titular Alejandro Gertz Manero, dijo que el rancho era un centro de reclutamiento, pero negó que fuera un sitio de exterminio con crematorios. A menos de dos semanas del informe de la CED, ahora con Ernestina Godoy al frente, personal de la fiscalía desmintió indirectamente a Gertz Manero al informar a colectivos que han encontrado más restos óseos y fosas, y que se trabaja con los cientos de prendas localizadas.
El colectivo GBJ siempre ha tenido razón: el Rancho Izaguirre fue un espacio no solo de reclutamiento y entrenamiento. También era un centro de tortura, asesinatos, fosas clandestinas, cremación de cuerpos y otros delitos. “La tierra habla… y no miente”, escribió el grupo.
Luego de tan lamentable y cuestionable respuesta del gobierno federal al CED de la ONU, lo que sigue es exigir con más fuerza que se conozca la verdad y que haya justicia.
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