Este mes se cumplen 80 años de que, por primera vez, un gobernador de Jalisco hizo referencia oficial al narcotráfico. En febrero de 1946, Marcelino García Barragán alertó en su Tercer Informe de Gobierno sobre el “aumento del tráfico de estupefacientes” en la entidad. El que fuera años más tarde secretario de la Defensa Nacional, destacó que la policía de Guadalajara detuvo a una banda de narcotraficantes que operaba con delincuentes de otras partes del país, sobre todo del entonces Distrito Federal. Dijo que se les aseguró “gran cantidad de opio en preparación” con un valor de 300 mil pesos de aquel entonces, y que se destruyeron plantíos de mariguana cerca de la ciudad.
Originario de Cuautitlán, el señalamiento de García Barragán fue el primer reconocimiento oficial, en un informe de gobierno, de la presencia de narcotraficantes en Jalisco. Sin embargo, estos operaban desde mucho tiempo atrás.
Quienes se dedicaban al negocio del cultivo y comercio de mariguana, además de la importación ilegal de cocaína, morfina, opio y heroína, o de la siembra de amapola, siguieron o pasaron a la clandestinidad a partir de 1920. Ese año el Departamento de Salubridad Pública del gobierno federal prohibió tales actividades, declaradas desde entonces como ilegales.
El relevo de García Barragán en la gubernatura, Jesús González Gallo, solo mencionó en un informe la colaboración estatal en la lucha contra las drogas.
Pasaron décadas sin que los siguientes gobernadores de Jalisco mencionaran en sus informes a los grupos de narcotraficantes. Como si no existieran ni operaran en la entidad, con un poderío cada vez más creciente.
Por la operación Cóndor, puesta en marcha desde 1977 por la Secretaría de la Defensa Nacional en Sinaloa, Durango y Chihuahua, que buscaba erradicar los cultivos de enervantes, familiares de los narcotraficantes se mudaron a Jalisco.
Las constantes balaceras y homicidios, sumados a la corrupción, impunidad y el aumento en el consumo de drogas, obligaron a que los gobernantes hablaran de la delincuencia organizada en Jalisco.
Enrique Álvarez del Castillo, quien fuera después procurador general de la República, en su primer y segundo informe de gobierno, en 1984 y 1985, respectivamente, solo agradeció al Ejército por sus campañas para impedir la siembra y erradicar el tráfico de estupefacientes. En 1986 aseguró que se avanzó en el combate contra la delincuencia organizada “que había escogido, desde hace algunos años, a nuestras ciudades como centros de operación”.
En 1998 fue apresado el antecesor de Álvarez del Castillo, Flavio Romero de Velasco, acusado de complicidad con el narcotráfico, pero liberado en 2001 por falta de pruebas.
La inseguridad pública continuó agravándose por la violencia de la delincuencia organizada. Los sucesivos gobernadores sabían que sin el respaldo del gobierno federal era imposible combatir a los grupos delictivos. Ninguno de los tres niveles de gobierno mitigó el desarrollo de la delincuencia organizada, protegida incluso desde el Estado mexicano.
Los criminales siguieron cometiendo en Jalisco no solo delitos contra la salud; sumaron otros, como el huachicol. Desde la primera década del siglo 21, cada vez más recurren a las desapariciones, homicidios y fosas clandestinas, además de controlar municipios. Lo sucedido recientemente en Tequila y Teuchitlán es un nimio ejemplo de cómo están enraizados políticamente.
Tras 80 años de que, en 1946 Marcelino García Barragán informara de un grupo delictivo, su nieto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, tiene ahora la responsabilidad de combatir a una delincuencia fortificada y violenta.
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