En las manifestaciones organizadas a las que convocó la llamada Generación Z participó pacíficamente gente que hizo uso de su derecho a protestar y que está harta de la violencia en el país, entre ellas familias que tienen personas desaparecidas y que, en busca de justicia, siguen cargando cartulinas e imágenes de sus seres queridos. Se sumaron, como otros miles, para hacer escuchar su voz y sus legítimas exigencias, en la Ciudad de México y en Guadalajara.
A la par, de manera planeada, porque cargaban instrumentos para agredir y abrirse paso, se integró un grupo con el objetivo de desatar la violencia. En el Zócalo capitalino se lanzaron contra los policías, tumbaron vallas, atacaron con tubos, molotov, petardos y diversos objetos, frente a las puertas de Palacio Nacional, pero fueron contenidos. En la Plaza de Armas tapatía dañaron palacio de gobierno, el Congreso del Estado, la Catedral y el ingreso a la estación Centro de la Línea 3 del Tren Ligero.
Durante horas, en Guadalajara y la Ciudad de México, policías enfrentaron a la turba enardecida. En la capital de Jalisco detuvieron a 44 presuntos participantes, y en la plancha capitalina a 20, uno de los cuales portaba un arma de fuego.
Hay denuncias de abusos policiacos en la Ciudad de México y de policías heridos, que sacaron la peor parte. En Guadalajara, denunció el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, ocurrieron múltiples violaciones de derechos humanos, se registraron detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, posibles actos de tortura contra personas que incluso no participaban en la protesta y carencia de protocolo. Lo confirman testimonios de familiares de víctimas y de periodistas, tres de los cuales fueron agredidos, y lo validan videos que circulan en redes sociales.
La violencia es condenable, sea del Estado o de grupos diversos. La ocurrida en la Ciudad de México y Guadalajara fue orquestada y cometida con fines políticos. Se inscribe en un contexto de violencia organizada que usa las redes sociales con un millonario costo para, especialmente, dañar la figura presidencial.
Los organizadores de la violencia buscan sembrar el caos y el miedo, convertirse en víctimas y deslegitimar autoridades. Si en las zacapelas uno solo de los participantes hubiera quedado grave o, peor, moría, tendrían un mártir. Por fortuna no sucedió así.
Fueron más claras las motivaciones políticas en el Zócalo capitalino: desacreditar, exigir la renuncia de la presidenta Claudia Sheinbaum y sembrar terreno para más adelante promover que pierda en la revocación de mandato o hasta, en las alucinaciones de la extrema derecha, propiciar un golpe de Estado contra quien triunfó democráticamente el año pasado.
Una pregunta central es ¿a quiénes les conviene que ocurran hechos violentos? Detrás están parte de la oposición y grupos de ultraderecha con vínculos internacionales, lo que repercutió con amenazas injerencistas desde Estados Unidos.
El sábado, como reveló uno de los experimentados reporteros que cubrió la marcha, Alejandro Meléndez, subdirector de Periodistas Unidos, otros colegas y policías detectaron la violenta participación de gente ligada a dos cárteles. Es la primera ocasión que ocurre. Eso da otra grave dimensión a lo sucedido y prefigura posibles colusiones de personajes políticos con la delincuencia organizada.
Participar en una manifestación pacífica, con legítimas demandas, como las del sábado en la Ciudad de México y Guadalajara, resulta ahora peligroso por la actuación de grupos violentos.
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