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Hartazgo
Mejor restar
Los acosos judiciales y los ataques contra la libertad de expresión continúan en México. Si antes ocurrían durante las administraciones presidenciales y las mayorías legislativas federales del PAN y del PRI, ahora prosiguen con Morena. Todos los partidos políticos mexicanos son unos en la oposición… y otros cuando llegan a gobernar. La modalidad de ahora para censurar o generar la autocensura, que se convierte en persecución hacia ciudadanos o periodistas que expresan sus opiniones, es recurrir a los organismos electorales y abusar judicialmente.
El nuevo ariete contra el derecho a la información, para silenciar opiniones, es acusar a los críticos de cometer violencia política en razón de género. Karla Estrella, una ciudadana de Hermosillo, ama de casa, fue sancionada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) porque en un breve mensaje cuestiona en la red social a la diputada del PT Diana Karina Barreras, esposa del morenista Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados; y a la conductora y actriz Laisha Wilkins la demandaron por un tuit que publicó en mayo y ya le entregó el TEPJF la respectiva notificación.
La andanada contra la libertad de expresión avanza con reformas o leyes aprobadas, como el ciberasedio tipificado por legisladores locales de Morena en Puebla, reforma que ha sido criticada como instrumento de censura; o el caso de Campeche, donde un juez prohibió a un periodista ejercer por dos años y le exige pagar 2 millones de pesos por criticar a la gobernadora Layda Sansores. En el Congreso de la Unión, que inició sesión extraordinaria, se preveía aprobar un conjunto de leyes, parte de las cuales violan derechos humanos o permitirán que se violen. Un ejemplo es la Ley de Telecomunicaciones, que amenaza la libertad de expresión, entre otros puntos, como denuncia la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
Uno más: la sala regional en Veracruz del TEPJF sancionó a cuatro periodistas que asegura cometieron violencia política en razón de género a la candidata a la alcaldía de Teocelo en 2021-2022. Al ser candidata otra vez, demandó en mayo de este año, ante el tribunal electoral, a otros medios y perfiles de cuentas de Facebook. En la demanda incluyó a la doctora Celia del Palacio Montiel, académica y coordinadora del Observatorio de Libertad de Expresión de la Universidad de Guadalajara, por denunciar en su colaboración transmitida en Canal 44 de la UdeG el abuso judicial contra el periodista Héctor de Mauleón, en la demanda anterior de la candidata veracruzana. El órgano electoral del estado ordenó retirar, como medida cautelar, todos los materiales publicados. Más sanciones se cocinan. Al paso que van censurarán la producción académica crítica de las universidades.
Un grupo de periodistas y académicos firmamos la semana pasada un comunicado donde exigimos alto al acoso judicial y a la censura, que atentan contra la libertad de expresión. Demandamos a los consejeros de los órganos electorales estatales, a los magistrados de los tribunales locales del ramo y al INE no permitir que por vías administrativo-electorales se coarte sistemáticamente la libertad de expresión de los periodistas y el derecho a la información de la ciudadanía, abusando de figuras legales cuyo propósito queda desvirtuado.
X: @SergioRenedDios
jl/I