La élite de la clase política tiene encarcelada la paz del país. La mantiene encerrada, mientras fuera de las rejas se profundiza la inseguridad pública. Mientras los ciudadanos padecemos lo que impide unificar en una sola y conjunta dirección las estrategias para pacificar a México persisten en la cúpula enormes intereses de diferente tipo, complicidades ocultas, ambiciones de poder y enfermiza egolatría de liderazgos nacionales y locales. A través de sus aparatos, órganos y grupos, políticos y sus aliados están más interesados en disputarse el poder, que en pacificar a la nación.
Con mucho por mejorar, pero el gobierno federal ha disminuido en general los delitos, incluidos los que se consideran como de “alto impacto”, además de las continuas detenciones y abatimiento de criminales y aseguramientos de armas, drogas, laboratorios y combustible, como ayer se dio a conocer en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El gobierno federal ha emprendido una campaña contra las extorsiones como un delito que golpea decenas de miles de negocios y familias. Aunque debiera reconocer al mismo tiempo que ha sido incapaz de asestar golpes importantes a los cárteles en su corazón, en sus multimillonarias finanzas, a tal grado que los mexicanos nos asomamos por encimita a ese mundo cuando Estados Unidos señala empresas lavadoras de dinero.
Además, en el combate a los delincuentes el gobierno federal tendrá que recuperar el territorio que en gran parte controlan las mafias; atender rápidamente los llamados de auxilio para evitar más crímenes de valientes liderazgos como el de Uruapan; depurar y fortalecer las fiscalías estatales y las policías municipales. Y dejar de minimizar la tragedia de las desapariciones, fosas clandestinas y restos humanos sin identificar. Nunca lo reconocerá, pero México está inmerso en una crisis humanitaria.
Por sí solo, el gobierno federal no podrá pacificar al país. Se requiere la participación activa de la sociedad en su conjunto, incluida la oposición que desee sumarse, tanto la política como la empresarial y la de diversos signos ideológicos. Se trata de una grave situación nacional que interpela a las fuerzas políticas.
Falta que el gobierno federal tienda puentes y que al menos una parte de la oposición acepte sumarse. Porque hasta ahora solo vela por sus intereses económicos y políticos, y sí es carroñera, al aprovechar los crímenes o atrocidades cometidas por el hampa, no para cuestionar ejerciendo la crítica como un derecho, sino para golpear y debilitar al gobierno federal, cuando en realidad a opositores de ultraderecha les interesan poco o nada las víctimas; que solapa corruptelas en sus propias filas, al igual que el partido en el gobierno; que se muerde la cola luego de que incurrió en prácticas y decisiones políticas que ahora cuestiona y que está alejada de las demandas del México profundo.
Se necesitan cambios en el gobierno federal y los adversarios. ¿Cómo pacificar el país si no hay acuerdos, al menos en ese punto, entre las autoridades que gobiernan, sus adversarios políticos y la sociedad civil? ¿Cómo si realmente no se involucra a familias, jóvenes, obreros, empleados, campesinos, mujeres, profesores, periodistas, ministros de culto, artistas, colonos, académicos e instituciones que los representan, para formar redes sociales promotoras de la seguridad y la paz? Urgen acuerdos o más se profundizará la crisis humanitaria.
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