Manifestarse es un derecho humano, o al menos eso dice el artículo 9 de la Constitución mexicana. Y también la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 20.

Pero en Jalisco, el derecho a la manifestación pacífica no se cumple. El 11 de octubre salimos miles de ciudadanos inconformes con el agua contaminada en cientos de colonias del Área Metropolitana de Guadalajara. Teníamos días, semanas y meses bañándonos, lavando nuestra ropa, enseres domésticos y hasta regando las plantas con agua que no es potable. Las denuncias y quejas al Siapa no se hicieron esperar, pero como ya sabíamos: sin solución.

Pancartas, cartulinas y mantas con los más diversos mensajes de hartazgo social de los asistentes entre los que había familias, jóvenes, niños, adultos mayores, activistas de colectivos, porque, ¿qué ser humano puede soportar lavar su cuerpo con agua que huele a podredumbre?

Para el ciudadano común en Jalisco, después de un largo día en que enfrentó hasta cuatro horas en el transporte público, fue a su empleo sin prestaciones, y regresó a su casa con la fortuna de no haber sido asaltado o desaparecido, tal vez un baño al final del día era una especie de alivio. Eso también lo perdimos en Jalisco. ¿Qué más nos va a quitar la ineficiencia del gobierno de Pablo Lemus?

Nuestro cansancio era legítimo. Pero el 11 de octubre, la respuesta del Estado fue el empleo de chorros de agua a presión, gas lacrimógeno y detención policial arbitraria. Gritos, forcejeo y jalones: así trató el gobierno a sus ciudadanos y de los 39, hay cuatro vinculados a proceso.

Pablo Lemus fue noticia internacional. Se le llamó represor y autoritario a su gobierno.

Los jaliscienses decidimos salir de nuevo. La convocatoria fue a las 11 de la mañana el 18 de octubre en el Parque Revolución. Activistas, colectivos, familias, niños, adultos mayores y jóvenes eran los asistentes que buscaban respuestas y actuación inmediata para garantizar el derecho al agua.

Al Parque Rojo arribaron también personas con cubrebocas, capuchas y cuanto artefacto hiciera posible cubrir el rostro. Algunos llevaban palos, martillos y hasta petardos. Se encapsulaban en grupos, haciendo evidente que venían juntos. De inmediato la gente los desconoció. Les gritaron “fuera capuchas”, pero los enmascarados no mostraron ninguna solidaridad con los manifestantes. Antes bien respondieron avanzando por Juárez en dirección a la Plaza de Armas y aventando petardos a su paso.

Ni un policía había cerca. Y el peligro era real. Un petardo puede amputar extremidades y si estalla cerca de una zona vital, la muerte.

Justo ahí el contingente decidió no avanzar y plantarse en el Parque Rojo para mantener la seguridad y legitimidad de la marcha. Los encapuchados se dirigieron hacia el palacio de gobierno: incendiaron, quebraron vidrios y continuaron arrojando explosivos. Hubo destrozos y saqueos en comercios y establecimientos. Pero ningún policía. Ni uno.

La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, según la última reforma de 2024 aparece en el ‘Diario Oficial de la Federación’, establece que la actuación policial debe asegurar la protección de los manifestantes, el orden público y la paz.

Al igual que la represión policial del 11 de octubre, la presencia de los encapuchados en este domingo fue un riesgo para los civiles y en ninguna de las movilizaciones hubo garantías ni condiciones para una marcha pacífica.

Nuevamente, el gobierno de Jalisco mostró que manifestarnos no es un derecho garantizado. Que podemos ser arbitrariamente gaseados, empapados y encarcelados, por un lado, y por otro, agredidos por extraños cuya identidad y procedencia ignoramos.

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