La decisión de permitir que los grupos de choque generaran violencia y pusieran en riesgo a las más de 10 mil personas manifestantes en la segunda megamarcha por el agua en Guadalajara evidenció que no hubo operativo y que el protocolo se queda en el papel, consideró el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad).

Denisse Montiel Flores, codirectora de la organización, dijo en entrevista que el domingo 18 de octubre no se vio ningún operativo real por parte de las autoridades, ya que no se garantizó el derecho a la libre manifestación, ya que la marcha se postergó por falta de condiciones, ni la seguridad de las y los manifestantes.

“Lo que vimos fue que no hubo acción alguna por parte del Estado, vimos una completa permisibilidad de los hechos (violentos) que ocurrieron y que pusieron en riesgo la vida de más de 10 mil personas que salimos a las calles a manifestarnos no sólo por la exigencia del derecho al agua, sino también para exigir justicia por los actos de represión que se llevaron a cabo el domingo 11 de octubre”.

Lamentó que la postura del gobierno haya sido en blancos y negros, es decir, que pensar que actuar en automático iba a significar represión cuando no debería ser así. Sostuvo que en estos casos se tendría que actuar bajo el protocolo correspondiente para contener los hechos de violencia sin provocar violaciones a derechos humanos.

Además, recordó que incluso las personas manifestantes expulsaron y apartaron a los grupos de choque y, aun así, el gobierno de Jalisco optó por encerrar a sus policías en palacio de gobierno.

“Lamentablemente pasamos de esta actuación de la represión a la permisión. No debería haber esta justificación para estas omisiones. Esto nos habla de la falta de entendimiento sobre cómo actuar ante las manifestaciones o protestas sociales, ello ha derivado en lo ocurrido en estas dos manifestaciones, pero es algo que ha caracterizado al gobierno de Jalisco y sin duda sigue siendo uno de los grandes pendientes”.

Dentro de todo esto, Montiel Flores reconoció la labor de la ciudadanía que, sin corresponderle, asumió las labores de protección para autocuidarse. La organización que se tuvo para expulsar a grupos de choque y evitar que reventaran la manifestación pacífica fue crucial para salvaguardar la seguridad de quienes acudieron a la marcha.

Trasladan a Puente Grande a cinco detenidos por disturbios 

Cinco hombres detenidos por su presunta participación en los disturbios registrados el domingo 18 de octubre en el Centro de Guadalajara, luego de la manifestación contra el agua sucia que se distribuye en la ciudad, fueron trasladados al complejo penitenciario de Puente Grande, donde quedaron a disposición de un juez para el desarrollo de las audiencias correspondientes.

La Fiscalía del Estado informó que los detenidos, identificados como Cristopher Antonio N, Giovanny Rubén N, Héctor Dante N, Pablo Emanuel N y Raúl N, son investigados por los delitos de daño en las cosas y resistencia de particulares.

De acuerdo con las indagatorias, los cinco fueron detenidos cuando viajaban en una camioneta en las inmediaciones de la calzada Independencia y avenida República, en el Centro de Guadalajara, en un operativo coordinado entre las Policías municipal y estatal, con apoyo del sistema de videovigilancia C5 Escudo Jalisco.

Las autoridades los señalan como presuntos responsables de incendiar uno de los pórticos del edificio del Poder Judicial durante los disturbios del pasado domingo.

Los cinco hombres fueron trasladados de las instalaciones de la Fiscalía estatal al complejo penitenciario, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial. En las próximas horas se llevaría a cabo la audiencia en la que se determinará si son vinculados a proceso.

Por otra parte, la Fiscalía informó que una sexta persona detenida ese mismo día, en hechos distintos, enfrentará su proceso en libertad, con fundamento en el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta persona es investigada por el delito de lesiones dolosas. David González Jáuregui 

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