Desde el 2020, año en que inició la crisis sanitaria del Covid-19, el número de casos de suicidio en México se incrementó significativamente con respecto años anteriores: 7,896 en 2020; 8,432 en 2021; 8,237 en 2022; 9,072 en 2023; 9,000 en 2024, y 8,709 en 2025.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las personas jóvenes de 15 a 29 años representan el sector poblacional que más se suicidó con 3,318 casos y entre esas personas fue la tercera causa de muerte.
Generalmente se piensa que el suicidarse es una decisión personal y se debe a una condición o circunstancia especifica, como que la víctima vivió una ruptura amorosa, sufrió una pérdida significativa, desarrolló una discapacidad, vivió una crisis económica, entre otras. Pero lo cierto es que debemos reconocer que el ser humano es un ente bio–psico–social y que, en consecuencia, los determinantes de su pensar, sentir y actuar son multifactoriales, ya que interactúan condiciones o circunstancias personales como: una historia de maltrato, violencia y/o abandono; vivir con una o varias discapacidades y/o enfermedades; vivir en situación de pobreza y/o de soledad no deseada; sufrir pérdidas significativas, etc., situaciones que coadyuvan a que la persona desarrolle niveles de vulnerabilidad psicosocial y que le pueden llevar a suicidarse.
Pero también debemos reconocer que en México una gran mayoría de personas vive en un contexto socioeconómico y cultural que desfavorece la plena satisfacción de sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, servicios de salud, educación, trabajo, seguridad personal y social, lo que en no en pocas ocasiones lleva a personas a la desesperanza y a tomar la decisión de suicidarse.
Por ello, para prevenir y atender la ideación suicida es imprescindible que los gobiernos federal y estatales destinen mayores y significativas cantidades de recursos económicos para implementar servicios psicoeducativos para fortalecer psicosocialmente a las personas, y para capacitar y actualizar continuamente a las madres y padres de familia y tutores (siete de cada 10 suicidios se efectúan en una vivienda particular) para que contribuyan a ese fortalecimiento.
También es necesario que las autoridades trabajen para lograr que las y los mexicanos contemos con servicios públicos de salud mental suficientes, de calidad, incluyentes y éticamente congruentes. El objetivo es que brinden una atención oportuna y congruente con las necesidades y condiciones de las personas de los sectores vulnerables (adultas mayores, con discapacidad, de los pueblos originarios, de las niñas y los niños, de las mujeres, en situación de calle, etc.), tal y como lo plantea la Constitución y la Ley General de Salud.
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