El problema en la calidad del agua potable que distribuye el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) inició durante la administración del exgobernador Enrique Alfaro Ramírez, quien despidió y recortó sueldos a los técnicos especializados que operaban las plantas potabilizadoras, provocando la salida masiva de expertos, denunció el exgobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña.

El exmandatario estatal explicó que el despido de personal calificado derivó en fallas operativas graves y en la mezcla de aguas no tratadas en la red de distribución, enviando líquido fétido y contaminado a miles de hogares en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

Ramírez Acuña sostuvo que la prioridad inmediata del gobernador Pablo Lemus Navarro debe ser reactivar la capacidad operativa de las plantas existentes antes de comprometer proyectos millonarios de infraestructura.

Aseguró que la Planta Potabilizadora de Miravalle no requiere sumas excesivas para entregar agua limpia, de acuerdo con dictámenes de ingenieros hídricos, asimismo, el exgobernador condenó que Lemus niegue intenciones privatizadoras, advirtió que el esquema de operación propuesto sugiere lo contrario y exigió manejar los compromisos del acueducto con absoluta responsabilidad, coincidiendo en este punto con las precauciones señaladas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Ramírez Acuña coincidió con Sheinbaum en que Enrique Alfaro dejó obras inconclusas y abandonó el mantenimiento básico del sistema; sin embargo, rechazó que la mandataria quiera censurar al Ejecutivo estatal:

“Es lamentable que quiera censurar al gobernador, ella no es la mamá, el gobierno Federal no manda a los gobernadores”.

Respecto al operativo policial del pasado 11 de octubre, Ramírez Acuña lamentó que el conflicto se le haya salido de control a la administración estatal por falta de apertura y sensibilidad política.

Reprochó que el mandatario tomara a broma las quejas del agua durante una entrevista realizada en el ITESO en lugar de entablar un diálogo directo con las y los usuarios afectados. Asimismo, condenó que las autoridades involucraran al Cuerpo de Bomberos en las labores de contención de la protesta, exponiendo el prestigio de una institución altamente respetada por la sociedad. Concluyó que, si el Gobierno sabía de la presencia de un grupo de choque, su deber era aislar a los violentos para garantizar el derecho a la libre manifestación de la ciudadanía.

AL