A raíz de los acontecimientos registrados durante la manifestación por la calidad del agua en Guadalajara el pasado 11 de octubre, se han configurado dos narrativas contrapuestas analizadas desde la cultura de la paz y la conflictología: la postura gubernamental y la vivencia ciudadana, expuso Giovana Patricia Ríos, secretaria de la Red Nacional para la Paz y representante de la ANUIES.

La especialista señaló que la narrativa oficial buscó en un inicio minimizar la magnitud de la movilización al contabilizar únicamente a cuatro mil 500 asistentes, mientras que las organizaciones sociales registraron más de 10 mil participantes. Posteriormente, el discurso del Ejecutivo se centró en la irrupción de un supuesto "grupo de choque" de 400 personas, cifra que, tras la revisión de contenidos en redes sociales, resulta desmedida y requiere ser matizada, además de acusar una supuesta desestabilización orquestada por el partido Morena.

"Hablar de una agenda partidista busca invalidar la causa social legítima, como si la sociedad organizada fuera incapaz de articular sus propios reclamos”

Desde la perspectiva ciudadana, la jornada estuvo marcada por una represión desproporcionada que impactó a niñas, niños, adolescentes, familias y adultos mayores. La especialista denunció la presencia de "huecos tácticos" en los despliegues policiales que incitaron al enfrentamiento directo.

“Más que infundir miedo a la población, el Gobierno del Estado dejó al descubierto su propio temor ante la protesta y su incapacidad para entablar diálogos efectivos, respondiendo con violencia", sentenció Ríos.

Asimismo, analizó la violencia estructural en la crisis del suministro hídrico, evidenciada por el colapso de la red de tuberías, la especulación inmobiliaria y las prioridades presupuestales desequilibradas. A esto sumó la frivolidad de las autoridades, ejemplificada en las declaraciones de Lemus durante una entrevista en el ITESO, las cuales interpretó como un "desdén elitista" ante el desabasto que sufren miles de familias.

Giovana Patricia Ríos enfatizó que no se puede discutir el saneamiento del agua sin señalar de forma directa a los responsables de la contaminación. Detalló que en la cuenca Lerma-Santiago operan más de 26 mil empresas que vierten residuos, por lo que resulta urgente exigirles el cese de descargas ilegales y la reparación del daño ambiental.

AL