Con un solo procedimiento administrativo abierto contra el relleno sanitario Picachos y sin detallar los resultados de las inspecciones anteriores, Iker Frangie Martínez Gallardo, titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) e hijo del alcalde de Zapopan, Juan José Frangie Saade, compareció ante la Comisión de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Protección Civil y Resiliencia del Congreso de Jalisco por las denuncias de contaminación en Huaxtla.
Frangie Saade reconoció que la Proepa mantiene un solo procedimiento administrativo contra Picachos, el 307/26, iniciado tras la inspección del 23 de septiembre. Aunque aseguró que la dependencia ha realizado más de 60 visitas al basurero operado por el gobierno de Zapopan, no detalló cómo concluyeron las actuaciones anteriores.
En un informe entregado a la comisión, señaló que durante esa diligencia no detectaron escurrimientos fuera del predio, pero los cárcamos estaban al 80 por ciento de su capacidad, por lo que ordenaron medidas preventivas.
Según el funcionario, el rebombeo redujo la ocupación de los cárcamos a 50 por ciento; además, expuso que Zapopan prevé compactar los residuos y cubrirlos al concluir el temporal. Ante esas acciones, prometió que la Proepa realizará inspecciones cada 15 días y podría aumentar las sanciones si el Municipio incumple las medidas.
La diputada Valeria Ávila Gutiérrez, de Hagamos, pidió conocer qué acciones se realizaron antes de la actual administración y cuestionó la falta de resultados sobre la calidad del agua. En respuesta, Iker Frangie respondió que las actuaciones anteriores pueden consultarse mediante solicitudes de información y se comprometió a entregar a los legisladores un informe detallado con versiones públicas de los expedientes.
Por su parte, Alejandro Puerto Covarrubias, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), cuestionó la imparcialidad de la investigación debido a que Frangie es hijo del alcalde de Zapopan. El procurador reconoció el parentesco, pero negó tener vínculos familiares o de amistad con las personas que el diputado relacionó con la empresa Hasar’s, que tiene un basurero privado en la zona; además, sostuvo que la Proepa investiga instituciones y no individuos.
Puerto también le pidió aclarar si la dependencia identificó y cerró una fuga de lixiviados luego de que el gobernador Pablo Lemus Navarro afirmara que se había localizado el origen del problema y detenido el escurrimiento. Frangie no ofreció detalles concretos sobre esa supuesta fuga.
En tanto, José Guadalupe Buenrostro Martínez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), preguntó por qué no se ha clausurado Picachos pese a las irregularidades detectadas, a lo que Iker Frangie argumentó que no existe otro sitio en la Zona Metropolitana de Guadalajara con capacidad para recibir el volumen de residuos y advirtió que un cierre total podría provocar entre 10 y 15 tiraderos clandestinos. Defendió que la prioridad debe ser corregir las fallas e invertir en infraestructura.
Leonardo Almaguer Castañeda, del Partido del Trabajo (PT), pidió una cronología de las actuaciones, responsables y plazos para detener y remediar la contaminación. En respuesta, Frangie insistió en que las medidas de urgente aplicación buscan que Picachos cumpla con la Norma Oficial Mexicana 083 y que la dependencia continuará vigilando el sitio.
Finalmente, el procurador ambiental reiteró que determinar la calidad del agua en Huaxtla corresponde a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y que el expediente 307/26 permanece reservado.
Procuraduría, sin reportes de cultivos dañados por polución
La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) no tiene reportes de cultivos afectados por la contaminación en Huaxtla pese a que habitantes de la zona calculan que alrededor de 50 hectáreas de terrenos y huertas se han secado por los derrames y escurrimientos de contaminantes provenientes de dos basureros.
El titular de la dependencia, Iker Frangie Martínez Gallardo, señaló que hasta el momento no cuentan con información sobre cultivos dañados, aunque precisó que esa valoración corresponde a otra autoridad.
Durante un recorrido realizado hace tres semanas, Teódulo Orozco, habitante de Huaxtla y defensor del territorio desde hace casi 30 años, estimó que las afectaciones abarcan alrededor de 50 hectáreas a lo largo del río Milpillas. Explicó que en la zona había huertas de mangos, limones, ciruelas, aguacates y nopales, cuya producción se vio afectada por la contaminación.
Orozco recordó que los daños comenzaron a agravarse entre 2008 y 2009, cuando empezaron a morir animales domésticos y silvestres, además de secarse árboles. También señaló que los arroyos dejaron de tener peces y camarones debido a la contaminación.
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