El despojo como forma de gobierno y enriquecimiento

Cuando los “revolucionarios”

se convierten en asesinos

Ay Nicaragua, Nicaragüita

En los gobiernos capitalistas actuales hay dos procesos clave: despojo y enriquecimiento infinito. Se llama despojo cuando un bien natural que es de toda la sociedad (cuerpos de agua, bosques, playas y mares, aire, etc.) se entrega, se vende o concesiona a intereses privados con el fin de que quienes de por sí ya son ricos, ahora lo sean en un grado que raya en lo patológico.

En México el despojo como forma de gobierno y de formación de nuevos capitalistas despuntó con el presidente Carlos Salinas de Gortari (CSG). Y desde entonces no han parado. Con el discurso tecnócrata de que lo público es ineficiente y corrupto, iniciaron con la venta de garaje de las industrias y empresas estatales. Ahora ya sabemos que lo privado también es o puede ser corrupto. Puede ser eficiente, pero carece en absoluto de sentido social de justicia.

Incorporado el paradigma empresarial a las funciones de gobierno y habiéndose instituido de nuevo el despojo de los bienes comunes como la mejor vía para la acumulación de capital, con CSG se inauguró, como dice Rubén Martín, “el tercer ciclo de despojo, semejante al que ocurrió durante la Conquista y las leyes de desamortización”. Iniciaron entonces las reformas constitucionales que dieran legalidad a la entrada del capital en áreas o campos donde estaba vedado por considerarse sólo de interés social y público. La reforma al artículo 27 constitucional de 1992 hizo posible que lo que fue considerado como la joya de la Revolución mexicana, dejar las tierras comunales y ejidales, fuera del mercado, para que en adelante éstas se pudieran vender al mejor postor, aprovechando la pobreza y miseria económica que se ha provocado en el campo.

Muchas tierras, sobre todo ejidales, se vendieron y fue así como vimos emerger, como hongos, en medio de la nada, una multiplicidad de fraccionamientos y plantas industriales. Por este mismo motivo vimos cómo fueron privatizadas la mayoría de las playas y construidas en ellas megadesarrollos turísticos depredadores que han venido a agravar la contaminación de los mares, a la vez que incrementaron los riesgos y daños que producen los huracanes.

Industrias extractivas como la minería hace siglos que existen en México. Los colonizadores españoles, con el trabajo esclavo de los indígenas, durante tres siglos extrajeron de las entrañas de la Madre Tierra todas las riquezas minerales que pudieron. Sin embargo, se calcula que la minería actual, a cielo abierto, en manos sobre todo de canadienses y chinos, ha extraído mayores cantidades de minerales en menos de medio siglo y, por otro lado, ha tenido mayores y más complejos impactos ambientales y sociales por la contaminación de cuerpos de agua y suelos, la depredación de montañas y el desplazamiento de poblaciones completas.

Esta tendencia despojadora no cambió un ápice durante el interludio de los gobiernos panistas (Fox-Calderón). Las reformas estructurales realizadas durante el gobierno de Peña Nieto legalizaron la explotación privada del petróleo y el gas, pero les faltó el agua. El intento anterior fue en 2015 y ahora vuelven con 10 decretos, porque al cuadro le faltaba esa pieza en tanto que la minería a cielo abierto como el fracking (técnica para extraer el gas prohibida en muchos países) requieren de grandes cantidades de agua.

Y aquí nos encontramos con otra de tantas incongruencias del discurso ambientalista gubernamental. Por un lado, insiste en que hay crisis y escasez de agua y, por otro, no abandona sus intentos de despojar de ella a la sociedad para seguirla entregando a la Coca Cola (que tanto daño hace a la salud) y ahora también a la minería, al fracking y a compañías privadas para que hagan grandes negocios con su administración y dotación en las ciudades.

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