Juicio a los ex presidentes

Dos jóvenes mexicanos han sido promotores de una consulta popular y ciudadana para enjuiciar a los ex presidentes de México en el periodo neoliberal (1988 a 2018): Omar García, egresado de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, quien fue sobreviviente a los ataques contra los normalistas del 26 de septiembre de 2014, y Ariadna Bahena, estudiante universitaria que fue víctima de desplazamiento forzado por violencia en su comunidad de origen en el estado de Guerrero. 

El proceso inició en agosto de 2020 cuando los jóvenes, junto con un comité promovente, presentaron al Senado el aviso de intención para la consulta y en los primeros días de septiembre impulsaron las firmas de apoyo necesarias para este ejercicio ciudadano, logrando reunir poco más de 2.5 millones de personas que avalaron la iniciativa que los organizadores han llamado “juicio a ex presidentes”. 

La consulta se sustenta en el artículo 35 de la Constitución de México, que señala que los ciudadanos/as tienen derecho a convocar y participar de consultas populares. Después de diversos procesos que involucraron a la Suprema Corte de Justicia y al propio Instituto Nacional Electoral, el INE determinó que el 1 de agosto de 2021 deberá realizarse la votación y la Corte estableció que la pregunta en la boleta sería la siguiente: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento a las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?” Quienes desean enjuiciar a los expresidentes deberán votar “SÍ”. 

Para que la decisión sea vinculante deberán reunirse 37 millones de votos en la consulta. Si bien es una cantidad muy importante de electores, el ejercicio en sí mismo es sumamente valioso, pues es la primera vez que en el país se establece la posibilidad de investigar y enjuiciar a ex presidentes que hasta ahora nunca han sido llamados a rendir cuentas por sus acciones. 

Hay razones para enjuiciarles y de sobra: Salinas de Gortari causó graves daños a la nación y al bienestar de los mexicanos al rematar el patrimonio nacional en beneficio de intereses personales. Los puertos, aeropuertos, telefonía, minería, áreas del petróleo fueron entregadas de la manera más corrupta al capital privado, nacional y extranjero, y a personas cercanas a su administración. 

Con Zedillo las privatizaciones continuaron, entre las más importantes la de Ferrocarriles Nacionales, pero además fue el instrumentador del Fobaproa, que en síntesis significa que las pérdidas económicas de los empresarios que se acumularon en los 90 se convirtieron en deuda pública que continúa pagándose a cargo del patrimonio nacional. 

En los gobiernos panistas de Fox y Calderón la antidemocracia, corrupción y violencia fueron la constante. La estrategia fallida en el tema de seguridad dejó un país ensangrentado, con decenas de miles de muertos, fosas clandestinas, represión a los movimientos sociales. Y sobre Peña Nieto, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como las incontables violaciones de derechos humanos ocurridas durante su gobierno son un fuerte argumento para ser sometido a juicio. 

Indendientemente de la postura política que cada persona pueda tener, vale la pena sentar el precedente de que en México no puede continuar la impunidad ante las graves violaciones de derechos humanos; una forma de hacerlo es salir a votar por el “SÍ” en este ejercicio ciudadano de democracia participativa que se realizará en todo el país el domingo 1 de agosto de 2021. 

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