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La libertad de expresión
Sombra
Las reformas a la Ley de Amparo, específicamente a los artículos 129 y 148, amenazan la justicia y los derechos fundamentales en México, alertan empresarios y abogados.
Coparmex Jalisco, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa Sección Jalisco, la Barra Mexicana Colegio de Abogados Capítulo Jalisco y el Capítulo Occidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México unieron esfuerzos para denunciar que la reforma federal sería un retroceso para la protección y garantía de los derechos humanos y colectivos, fundamentales en nuestro marco constitucional.
El presidente de Coparmex, Raúl Flores, señaló que la historia jurídica de México ha demostrado la importancia crítica de la suspensión en el juicio de amparo, como mecanismo de protección frente a posibles abusos de autoridad y actos legislativos que podrían vulnerar los derechos fundamentales de las personas.
"Las modificaciones en discusión limitarían severamente la facultad judicial para emitir suspensiones con efectos generales, lo cual constituye un pilar esencial en la defensa de la justicia y los derechos de los ciudadanos en nuestro país", señaló.
Flores señaló que todas estas instituciones hacen un llamado a las autoridades y legisladores a considerar profundamente las consecuencias de estas reformas, que parecen socavar la independencia del Poder Judicial y limitar su capacidad para proteger los derechos de los ciudadanos frente a acciones gubernamentales potencialmente invasivas o perjudiciales.
"Restringir esta herramienta judicial es ir en contra de la tradición de protección jurídica, el parámetro de regularidad constitucional y la supremacía constitucional que ha caracterizado a nuestra nación, reconocida internacionalmente por su avanzado sistema de amparo", señaló.
Insistió que es imperativo mantener un sistema jurídico que opere con plena autonomía, garantizando la imparcialidad y la protección efectiva de los derechos en todos los niveles.
Estas agrupaciones señalan su compromiso con la defensa de los principios constitucionales y el Estado de Derecho, donde la justicia y los derechos humanos sean siempre la prioridad.
"Instamos a un diálogo inclusivo y constructivo para asegurar que cualquier modificación a la Ley de Amparo fortalezca, y no debilite, la estructura jurídica y democrática de nuestra nación", concluyó.
EH