Quinto Patio

Las familias y los jaliscienses en general tienen razón: Enrique Alfaro sí sabía, y no sólo por lo del campo de adiestramiento en Teuchitlán, sino por toda una maquinaria en torno al reclutamiento forzado. No sólo sí sabía; decidió hacer absolutamente nada para prevenirlo o enfrentarlo, nada, ni una sola acción. De entrada, su gobierno sólo abrió tres carpetas de investigación por el delito de trata de personas en la modalidad de trabajo forzado, es decir, reclutamiento forzado.

Pero su Fiscalía logró detectar al menos 14 casos sólo de adolescentes, sin contar personas jóvenes o adultas. ¿Y qué pasó con esos casos? No se sabe, pero lo que es un hecho, es que no se investigaron porque no se abrieron las carpetas correspondientes. Y, ¿cuál fue su respuesta cuando se le cuestionó sobre el reclutamiento? Pues que sí existe, pero que es problema de los jóvenes que caen, o de sus papás por no evitarlo, sin reconocer responsabilidad alguna de su gobierno. De ese tamaño.

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Hoy tendremos las versiones federal y estatal de lo que ocurrió en el Rancho Izaguirre, de Teuchitlán. La primera la dará en la Ciudad de México el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, luego de que la dependencia a su cargo atrajera las investigaciones del campo de entrenamiento y de exterminio. Lo que informe marcará hasta dónde escarbará la fiscalía federal. Porque las responsabilidades alcanzan a funcionarios y ex funcionarios de los tres niveles de gobierno.

La segunda versión será más local. Comparecerán en el Congreso del Estado los titulares de la Fiscalía del Estado, las secretarías de Seguridad, y de Inteligencia y Búsqueda, y la coordinación General Estratégica de Seguridad, luego de que los diputados locales aprobaran la semana pasada solicitar su presencia. El objetivo es conocer qué avances tienen para esclarecer lo sucedido en Teuchitlán, un tema caliente que trascendió fronteras.

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Recordemos que el Congreso del Estado envió un exhorto al secretario general de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, para que colabore con todas las investigaciones sobre el caso Teuchitlán, utilizando inteligencia gubernamental para identificar posibles crematorios clandestinos y reclutamiento forzado en otros puntos de la entidad. Además, los diputados pidieron que las acciones de la fiscalía anticorrupción y la Contraloría del Estado sean públicas para garantizar transparencia.

Por lo pronto, ayer se reunió en palacio nacional el gobernador Pablo Lemus Navarro con la mandataria Claudia Sheinbaum y el gabinete federal de seguridad. Acordaron trabajar de manera coordinada con el caso Teuchitlán. Lo amerita la gravedad de lo ocurrido en ese municipio.

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Hoy también sesionará el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC), que discutirá el proyecto de acuerdo que aprueba los documentos necesarios para organizar el proceso de consulta de cambio de régimen de gobierno en el municipio de Bolaños.

El antecedente es que la consulta libre, previa e informada se organizará en respuesta a la solicitud realizada por el gobernador de Tuxpan, el 18 de septiembre de 2020, con la finalidad de determinar si la comunidad Kuruxi Manuwe-Tuxpan de Bolaños está de acuerdo en transitar de un sistema de partidos políticos a un sistema normativo propio. Algo i-né-di-to.

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GR