Las reformas en materia de agua aprobadas por el Congreso de la Unión terminaron, según expertos en la materia, en el gatopardismo: se hicieron cambios para que todo siguiera igual.
El problema más importante en torno al agua en el país no tiene tanto que ver con la legislación. Es, en estricto sentido, la falta de autoridad.
En 2019 participé en una investigación periodística colaborativa que se publicó con el título “Los explotadores del agua”, en la cual se evidenciaron las condiciones que permiten el acaparamiento del agua, superficial y profunda.
El principal ingrediente para que eso ocurra es la falta de vigilancia por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), una dependencia que no tiene personal para verificar que lo que se decide desde sus escritorios realmente ocurra en el territorio.
Otro punto que me llamó la atención, al revisar los expedientes sobre concesiones, es la falta de seguimiento administrativo. En decenas de casos encontramos gestiones para aumentar los volúmenes de extracción; en una primera respuesta la CNA solicitaba ciertos requisitos para revisar la viabilidad, pero el siguiente documento era la autorización. Es decir, el concesionario no entregaba ningún documento que le era requerido y aun así obtenía una respuesta afirmativa.
Lo mismo ocurre con cientos de casos de peticiones para el cambio de uso, especialmente cuando las modificaciones son de uso agrícola a habitacional o industrial. Sin trámite alguno, las respuestas positivas de la Conagua llegaban en automático. O peor aún, si se sobreponían mapas de concesiones con Google Maps, por ejemplo, en Tlajomulco, había zonas de concesiones subterráneas de uso agrícola ya convertidas en zonas habitacionales, sin que se hiciera el trámite ante la comisión.
En el caso de Jalisco había otro fenómeno, derivado de la renta de tierras. Ante el fracaso del negocio para la producción de maíz y caña, principalmente, los campesinos optaron por rentar sus tierras para invernaderos de ‘berries’ o la siembra de maguey. En la renta se incluyen los pozos con sus concesiones, sin siquiera notificarlo a la autoridad.
También pudimos evidenciar, como se diría coloquialmente, que en el tema de las concesiones quien tiene más saliva come más pinole. Había gestiones de pueblos o pequeños productores para nuevas perforaciones de pozos que tenían respuestas negativas con el argumento de que había vedas. En el mismo territorio grandes empresas de ‘berries’ o aguacateras habían recibido las autorizaciones.
¿Cómo era posible esa diferencia en el criterio de las autoridades? Muy simple. Las grandes empresas tienen la posibilidad de pagar abogados para, vía amparo, conseguir las concesiones. Cuando a quienes menos tienen se les negaba la perforación del pozo, el asunto quedaba concluido.
María González Valencia, investigadora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, ha enlistado en los últimos días algunos puntos clave de esta reforma: no garantiza los derechos de las comunidades originarias; no sanciona la contaminación, siguen los consejos de cuenca que han probado su inutilidad y mantiene el régimen de concesión que ha permitido el acaparamiento.
La pregunta que sigue es: ¿con la reforma se garantiza el derecho humano al agua?
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