Con los votos en contra de las bancadas de Movimiento Ciudadano (MC), Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Congreso del Estado rechazó el dictamen que buscaba establecer un procedimiento administrativo para expedir nuevas actas de nacimiento conforme a la identidad de género autopercibida y pese a tratarse de una obligación derivada de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La votación final fue de 22 sufragios en contra, 11 a favor y una abstención.
El proyecto legislativo en torno a las infancias trans formaba parte del cumplimiento de la acción de inconstitucionalidad 72/2022, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), mediante la cual la Corte ordenó al Poder Legislativo local crear un mecanismo sumario que garantizara este derecho, con especial atención al interés superior de niñas, niños y adolescentes.
La resolución de la Suprema Corte establece que Jalisco debe contar con un procedimiento administrativo, sin necesidad de acudir a juicio, que permita el reconocimiento legal de la identidad de género, especialmente en el caso de personas menores de edad y como parte de sus obligaciones constitucionales en materia de derechos humanos.
Durante la sesión del pleno, el coordinador de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, fundamentó su voto a favor al señalar que el Congreso tiene la obligación jurídica de acatar la sentencia de la SCJN. Su postura se centró en que el derecho a la identidad de género ya se encuentra reconocido en la Constitución y en diversos tratados internacionales, por lo que el dictamen únicamente buscaba establecer el procedimiento administrativo para ejercerlo.
Asimismo, advirtió que el incumplimiento de esta resolución judicial vincula directamente a la Mesa Directiva del Congreso con posibles multas y sanciones por desacato, además de señalar que gobiernos municipales de distintos partidos políticos ya realizan estos trámites en la práctica.
En el mismo sentido, la diputada de Futuro Mariana Casillas Guerrero sostuvo que la labor legislativa debe alinearse con los criterios emitidos por la Suprema Corte y criticó las posturas de MC al considerar que utilizan argumentos conservadores para postergar el reconocimiento de derechos humanos. Indicó que el dictamen no pretende promover ideologías, sino garantizar protección jurídica y prevenir la discriminación contra niñas, niños y adolescentes, por lo que llamó al Congreso a actuar con responsabilidad legal y no bajo cálculos políticos.
Por su parte, la diputada Celenia Contreras González argumentó que las personas menores de edad carecen del desarrollo cognitivo y la racionalidad necesaria para tomar decisiones definitivas sobre su identidad de género, y calificó el dictamen como una forma de “hipersexualización” que, a su juicio, vulnera el derecho a una infancia acorde a su etapa de desarrollo.
En la misma línea, el diputado panistra Isaías Cortés Berumen señaló que si el Estado comienza a legislar con base en emociones o sentimientos, los cuales definió como transitorios durante la infancia, el marco jurídico perdería su función de otorgar certeza y límites para convertirse en un “espejo de percepciones” individuales.
Para el legislador del blanquiazul permitir este tipo de cambios abriría la puerta a que cualquier sentimiento personal exija reconocimiento normativo en el futuro, lo que, desde su perspectiva, debilitaría la estructura legal que protege a quienes aún no pueden decidir plenamente por sí mismos.
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