Al advertir que persisten vacíos legales tras la desaparición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (Itei), la organización Compromiso Jalisco solicitó al Congreso del Estado de Jalisco no retrasar más las reformas legales pendientes en materia de transparencia y protección de datos personales.

El llamado de la organización, hecho a través de un pronunciamiento, se dio a un mes de haberse vencido el plazo establecido para adecuar la legislación estatal.

El plazo de 90 días naturales concluyó el 15 de enero y contemplaba la creación de una nueva ley para garantizar el derecho de acceso a la información pública, así como la adecuación de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Estas reformas derivan de los cambios constitucionales que dieron paso a la extinción del Itei, ocurrida el 30 de noviembre de 2025.

Desde entonces, señaló Compromiso Jalisco, la entidad cuenta con una ley de transparencia vigente que no puede aplicarse de manera integral conforme al nuevo modelo constitucional federal y local. Aunque las autoridades pueden recurrir de forma supletoria a la ley general de transparencia, sostiene que esto sólo es posible de manera parcial y limitada.

Compromiso Jalisco advirtió que la falta de normas secundarias genera complicaciones innecesarias para las autoridades garantes y los sujetos obligados, lo que además afecta el ejercicio pleno de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales.

Como ejemplo, expuso que la Contraloría del Estado ahora funge como autoridad garante no sólo del Poder Ejecutivo, sino también de los 125 ayuntamientos y sus organismos descentralizados. De diciembre a la fecha, dicha dependencia ha recibido 2 mil 869 recursos de acceso a la información, 22 amparos y 35 promociones derivadas de juicios de amparo.

Ante este escenario, la organización pidió al Poder Legislativo no dilatar más las reformas necesarias y cumplir con lo establecido en el decreto constitucional para evitar vacíos legales que afecten a la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos.

A inicios de este mes NTR entrevistó al respecto al presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Ética en el Servicio Público, el morenista Alejandro Barragán Sánchez, quien aceptó que el dictamen de las leyes secundarias permanece detenido debido a “detalles de carácter administrativo”.

El morenista afirmó que el documento técnico ya fue elaborado con la participación de académicos, organizaciones civiles y especialistas en la materia, y que se encuentra en manos de todas las diputadas y diputados de los distintos grupos parlamentarios; sin embargo, ajustes pendientes han impedido su presentación formal ante la comisión y su posterior discusión en el pleno.

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