La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) respondió al exhorto aprobado por el Congreso de Jalisco, promovido por la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Brenda Carrera García, y señaló que carece de facultades legales para fijar, modificar o imponer tarifas al transporte federal de pasajeros, por lo que descartó la posibilidad de homologarlas con las del transporte público (TP) estatal o establecer una tarifa preferencial de cinco pesos.
La secretaría informó al Congreso del Estado que carece de atribuciones legales para homologar las tarifas del transporte federal de pasajeros con las del transporte público estatal o para establecer una tarifa preferencial de 5 pesos para estudiantes, personas adultas mayores y otros sectores.
La respuesta fue emitida en contestación al acuerdo legislativo donde las y los diputados exhortaron a la dependencia federal a revisar las tarifas que cobran los prestadores del servicio de autotransporte federal de pasajeros y alinearlas con las vigentes en el estado.
La SICT explicó que el artículo 61 del Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares establece que los permisionarios pueden determinar libremente las tarifas y sus modificaciones, siempre que las registren ante la SICT con al menos siete días de anticipación a su aplicación.
Sostuvo que los concesionarios operan bajo un esquema de libertad tarifaria, por lo que la autoridad federal únicamente registra los precios que éstos determinan y no cuenta con facultades para autorizarlos, rechazarlos, modificarlos o imponer tarifas distintas.
Además, argumentó que el transporte federal presenta condiciones de operación diferentes al transporte urbano y suburbano debido a que realiza recorridos de mayor distancia por carreteras federales, enfrenta costos distintos de operación y mantenimiento, y debe cumplir obligaciones adicionales en materia de seguridad, capacitación de operadores e infraestructura, como terminales y servicios auxiliares.
La SICT determinó que no es viable homologar las tarifas del transporte federal con las del servicio estatal debido a diferencias legales y operativas entre ambos esquemas.
Eso sí, la dependencia aseguró que mantendrá coordinación con autoridades locales para atender temas de transporte dentro de sus atribuciones.
Cuando anunció el exhorto que finalmente se aprobó, Carrera García llamó a las distintas fuerzas políticas a ser congruentes en su postura frente a los incrementos en el TP, pues, dijo, la inconformidad mostrada ante alzas en el sistema estatal debe extenderse al transporte federal.
SIDE:
Transporte revisará frecuencias y
unidades en colonias de Tlajomulco
La Secretaría de Transporte (Setran) informó al Congreso del Estado que inició acciones para evaluar y supervisar el servicio de transporte público en las colonias Rancho Alegre y Agaves, en Tlajomulco de Zúñiga, tras un exhorto legislativo. La dependencia realizará inspecciones para verificar horarios, frecuencias de paso y número de unidades, además de requerir a la empresa concesionaria el cumplimiento de las condiciones autorizadas.
En cumplimiento del acuerdo legislativo 841-LXIV-26, la dependencia señaló que instruyó a sus áreas técnicas para verificar las condiciones en que actualmente opera el servicio y atender los planteamientos contenidos en el exhorto.
Como parte de estas acciones la Dirección de Transporte de Pasajeros solicitó a la Dirección General de Supervisión al Transporte Público realizar inspecciones operativas en las rutas que prestan servicio en ambas colonias.
Las revisiones contemplan verificar el cumplimiento de los horarios autorizados, la frecuencia de paso, el número de unidades en operación, las condiciones de los vehículos y la regularidad del servicio.
Además, la dependencia pidió la elaboración de un informe técnico que permita evaluar objetivamente la situación y sustentar las decisiones que correspondan.
La secretaría también informó que requirió formalmente a la empresa Guadalajara Chapala, SA de CV, responsable de la prestación del servicio en la zona, para que cumpla con las condiciones autorizadas de operación, entre ellas el parque vehicular, los horarios, los despachos y la frecuencia de paso.
Asimismo, advirtió al concesionario sobre las consecuencias legales previstas en la legislación vigente en caso de incumplimiento.
Finalmente, la dependencia indicó que, una vez concluido el análisis de la información recabada mediante las supervisiones e informes técnicos, determinará las medidas regulatorias que resulten procedentes para garantizar una adecuada prestación del servicio de transporte público en beneficio de las personas usuarias.
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