El Congreso de Jalisco aprobó dos acuerdos legislativos para exigir explicaciones sobre los escurrimientos de lixiviados del relleno sanitario Picachos hacia el río Milpillas y las cascadas de Huaxtla, en Zapopan, así como información sobre la falta de inspecciones estatales y un posible conflicto de interés en la vigilancia ambiental del sitio.
Uno de los acuerdos cita a comparecer ante el pleno del Congreso al titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa), Iker Frangie Martínez Gallardo, para que informe sobre las inspecciones realizadas, las causas del derrame de lixiviados, los resultados de los análisis de laboratorio y el estado de los procedimientos administrativos relacionados con el relleno sanitario.
La comparecencia deberá efectuarse a más tardar el 31 de octubre de 2026. Además, el funcionario tendrá que remitir un informe por escrito con al menos tres días hábiles de anticipación.
La propuesta contempla una exposición inicial de hasta 15 minutos y dos rondas de preguntas y respuestas por cada grupo parlamentario, con la posibilidad de réplicas. La sesión será pública y permitirá el acceso de medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil.
El segundo acuerdo exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), encabezada por Paola Bauche Petersen, a entregar un diagnóstico integral sobre la generación, el manejo y la contención de lixiviados en Picachos, además de las afectaciones registradas durante 2025 y 2026 en la cuenca del río Milpillas, las cascadas de Huaxtla y otros cuerpos de agua cercanos.
El diagnóstico deberá incluir una cronología de las denuncias e inspecciones, el estado técnico de los cárcamos y las celdas del relleno, los resultados de los análisis de laboratorio relacionados con el derrame de 2026 y un plan de prevención y restauración ambiental.
Asimismo, se solicita al Órgano Interno de Control de la Semadet, acargo de Mario Audifred Patiño Velasco, informar si existen expedientes o investigaciones por posibles omisiones de la Proepa entre enero de 2025 y septiembre de 2026, así como las acciones emprendidas ante un eventual conflicto de interés entre el titular de la procuraduría y el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie Saade, padre del funcionario y alcalde de Zapopan, responsable de administrar Picachos. Para ello se establece un plazo máximo de 15 días naturales después de la notificación del acuerdo.
La iniciativa sostiene que, pese a las denuncias ciudadanas y los antecedentes de contaminación, la Proepa no realizó inspecciones a Picachos durante ese periodo. En contraste, refiere que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) inspeccionó el sitio el 25 de agosto de 2026 e inició un procedimiento administrativo.
Uno de los puntos centrales del segundo acuerdo es el posible conflicto de interés derivado del parentesco entre el procurador ambiental y el alcalde de Zapopan.
La iniciativa invoca la Ley General de Responsabilidades Administrativas para cuestionar si existieron mecanismos formales para garantizar la imparcialidad de las actuaciones de la PROEPA, incluida alguna declaración de conflicto de interés o excusa para intervenir en asuntos relacionados con el municipio.
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