El Congreso de Jalisco aprobó citar a comparecer al director general de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco (UEPCBJ), Sergio Ramírez López, y al presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie Saade, para que expliquen la participación de sus corporaciones en el operativo del 11 de octubre frente a Casa Jalisco, donde personas que protestaban por la calidad del agua fueron reprimidos.

Las comparecencias deberán abordar, en particular, el uso de mangueras para lanzar agua a presión contra manifestantes, así como las órdenes que derivaron en esa intervención, la coordinación entre corporaciones y las medidas adoptadas para proteger a las personas que participaban en la protesta.

En el caso de Protección Civil estatal, los legisladores solicitaron que Ramírez López informe quién pidió y autorizó el despliegue, qué evaluación de riesgos se realizó, qué personal y equipo se movilizaron y quién ordenó, autorizó o supervisó el uso de las mangueras. También deberá explicar qué conocimiento tuvo de los hechos y, en su caso, si delegó funciones durante su ausencia.

El funcionario deberá detallar el fundamento para utilizar agua contra las personas, el riesgo que se pretendía atender, las alternativas consideradas y las medidas de protección para manifestantes pacíficos, periodistas, observadores y personas con necesidades específicas de auxilio o movilidad.

Por su parte, Frangie Saade deberá informar sobre la participación de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, las autoridades que solicitaron y autorizaron su intervención, las instrucciones dadas al personal y el uso de vehículos y equipos de emergencia. También tendrá que reportar las investigaciones iniciadas para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

Ambos funcionarios deberán entregar un informe escrito con documentos de respaldo al menos tres días hábiles antes de sus respectivas comparecencias, que deberán realizarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la aprobación del acuerdo.

Las comparecencias serán públicas y podrán realizarse en una misma sesión o en sesiones distintas. Cada funcionario tendrá hasta 15 minutos para exponer su informe y posteriormente enfrentará dos rondas de preguntas de los grupos parlamentarios, con posibilidad de una ronda adicional si así lo determina el pleno.

El acuerdo también establece que los medios de comunicación, las organizaciones civiles y las personas interesadas podrán acceder a las sesiones, que serán transmitidas por los canales institucionales y cuyo registro audiovisual quedará disponible para consulta pública.

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