El Congreso local aprobó por unanimidad solicitar a autoridades estatales un informen sobre los avances de las investigaciones penales y administrativas relacionadas con la contratación de Elizabeth Castro Cárdenas en el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), donde percibía un sueldo mensual bruto superior a 73 mil pesos como asesora técnica de la Dirección General pese a no contar con los conocimientos para ello.
El acuerdo legislativo pide información a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), el Consejo de la Judicatura, el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), el Siapa, la Contraloría del Estado y el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal).
A la fiscalía anticorrupción le pide precisar cuándo inició la carpeta de investigación, cuándo concluyó la investigación inicial y en qué fecha solicitó una audiencia ante el Poder Judicial. También solicita informar si la petición fue admitida o si tuvo observaciones, así como las razones por las que todavía no se ha señalado una audiencia, en caso de que así ocurra.
Por su parte, el Consejo de la Judicatura deberá informar cuándo recibió la solicitud, a qué órgano judicial fue turnada y cuál es su situación administrativa, además de detallar las medidas para atender oportunamente las solicitudes de audiencia pendientes.
Al TJA se le solicita un informe sobre el estado procesal del expediente 194/2025 FG-SEA, que corresponde al procedimiento de responsabilidad administrativa relacionado con el caso.
El acuerdo también requiere al Siapa entregar versiones públicas del contrato y nombramiento de Castro Cárdenas, la descripción del puesto, el perfil requerido y los documentos que acreditaran su idoneidad. Además, pide información sobre los controles de asistencia, las instrucciones de trabajo, los informes o entregables recibidos y el monto total de las percepciones pagadas, así como los nombres y cargos de quienes autorizaron la contratación y validaron los pagos.
A la Contraloría estatal y al Órgano Interno de Control del Siapa se les solicita detallar la cronología de la investigación administrativa, las presuntas faltas atribuidas a las personas involucradas y las acciones emprendidas para resguardar documentos y, en su caso, recuperar recursos públicos.
Finalmente, el Ipejal deberá informar si existen trámites de jubilación o pensión en los que se pretenda computar el periodo laboral o el salario de la exasesora, así como posibles aportaciones voluntarias o pagos retroactivos. También se le pide explicar qué mecanismos aplica para revisar la validez de las cotizaciones cuando existe una investigación relacionada con el origen del nombramiento o del salario.
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